No es de justicia

En segundo lugar, he de recalcar la actitud de la mayoría de los LAJ (con sus gloriosas excepciones, que las ha habido) y que con su postura intransigente han dado lugar, de facto, a una huelga salvaje de difícil explicación para la ciudadanía. Pese a que hablaban de condiciones de trabajo, concreción de tareas a realizar, de servicios a desempeñar, etc., lo cierto es que ha bastado una subida salarial sustanciosa para que cesaran en sus reivindicaciones… La impresión final es que se trataba exclusivamente de un tema económico, aunque en la realidad no lo fuera.

Esta actitud, esta huelga salvaje de los LAJ, ha perjudicado de manera especial y en primer lugar a los propios ciudadanos, nuestros clientes, que en muchos casos llevaban meses, cuando no años, esperando la celebración de un juicio o el desarrollo de cualquier acto judicial. Esto va a suponer, está suponiendo ya, un considerable retraso en la resolución de los problemas de la ciudadanía que ninguna responsabilidad ni culpa tiene en las condiciones de trabajo de los LAJ, pero que se ha visto afectada de una manera directa y principal.

A la par que la propia ciudadanía, también los abogados hemos sufrido en nuestras propias carnes esa situación de práctica paralización de los juzgados. Eso ha motivado que haya cientos de miles de escritos sin proveer en los juzgados, que los retrasos en la celebración de juicios –ya de por sí endémicos en la Administración de Justicia– se hayan multiplicado exponencialmente. Y ello supone que realmente quien ha sufrido de manera directa las consecuencias de la huelga de los LAJ hayamos sido, precisamente, los abogados. Si no se dictan sentencias porque no se celebran juicios, si se paralizan las ejecuciones en marcha o no se activan las solicitadas, si no se proveen los escritos presentados, si, en fin, los asuntos no se terminan, los abogados no percibimos nuestras justas retribuciones por nuestro trabajo. A diferencia de los LAJ, que al mes siguiente a la terminación de la huelga tenían su nómina cobrada puntualmente, los abogados seguimos sin cobrar nuestras minutas porque durante todo este tiempo no se ha podido terminar ni un asunto, ni justificar ninguna actuación procesal. Y me consta que este sinsentido ha dado lugar a situaciones de verdadera urgencia para muchos colegiados que no pueden permitirse el lujo de vivir de las rentas ni esperar a que al mes siguiente les ingresen una nómina.

Es por ello que he de denunciar públicamente esta situación, lamentado además que esa huelga llevada a cabo por los LAJ haya tenido la particularidad de que, con ánimo espurio y de hacer daño gratuitamente, ni tan siquiera anunciaban con antelación suficiente –salvo honrosas excepciones– si los juicios se iban a celebrar o no hasta que los letrados, testigos, partes, peritos, etc. nos encontrábamos en la puerta del juzgado, provocando además de una evidente e inútil pérdida de tiempo, unos gastos indeseados de desplazamiento, solicitud de permisos en el trabajo para asistir a juicio, etc. Esta actitud es la que más ha dolido. Y haremos bien en no olvidarla porque el capricho en hacer el daño no puede salir gratis.

Y cuando parecía que las aguas volvían a su cauce y terminaba la huelga de los LAJ, y casi sin solución de continuidad, se ha convocado la huelga de los funcionarios de la Administración de Justicia, también demandando mejoras salariales. Una reivindicación que, si bien estará justificada, evidencian aún más el agravio que padece la abogacía dentro del sector jurídico, especialmente la de Oficio, que lleva 14 años sin ver sus compensaciones económicas, no ya mejoradas, sino sencillamente actualizadas al encarecimiento del nivel de vida.

Todo esto socava nuestro trabajo, nuestro estudio y nuestra dedicación. La desgana se apodera de nuestro quehacer diario y tenemos que realizar un esfuerzo extra para superar esa sensación de impotencia y agotamiento. Nos ha tocado vivir tiempos duros, muy duros diría, para nuestra querida Justicia y, en este contexto, los abogados nos encontramos perplejos y sorprendidos, ya que la falta del funcionamiento normal de la Administración de Justicia va quebrantando las posibilidades de ofrecer a la ciudadanía el servicio que constitucionalmente merecen y que es clave para el sostenimiento del estado de derecho. En definitiva, deplorable.