Delincuentes aforados

En España, los senadores y diputados, así como los diputados autonómicos –y otros colectivos de miles de personas, como los militares o los jueces– son aforados. Este régimen de prebendas de los miembros de las Cortes Generales y de los parlamentos autonómicos no existe en la mayoría de los países de Europa. Ni en Alemania ni en Francia ni en Italia ni en casi ningún país de la UE los diputados y los senadores cuentan con este privilegio de los legisladores españoles. Y no solo eso. En España, el Tribunal Supremo ha de enviar un suplicatorio a la Cámara alta o baja, según el caso, para pedir permiso a estas antes de iniciar la investigación de uno de sus miembros. El artículo 14 de la Constitución Española es, pues, una falacia, como ocurre con otros principios de los que la política alardea desvergonzadamente: «Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social».

Así, un señor diputado socialista, progresista, feminista y presunto delincuente, como dice ser el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, a su vez presunto encantador de prostitutas con dinero del erario público, no ha podido ser investigado sino por el Tribunal Supremo por su condición de pertenecer a la Cámara baja. Y este, el Tribunal Supremo, ha tenido además que pedir permiso al Congreso de los Diputados para que sean sus propios compañeros quienes autoricen o no al juez antes de iniciar cualquier investigación. ¿Cuánto tiempo tarda el Tribunal Supremo en avocar la causa, si esta se hubiera iniciado en otro tribunal, y pedir el suplicatorio para poder comenzar la investigación de un presunto delincuente aforado?

Pues tarda semanas o meses. El tiempo suficiente para que el señor diputado, presunto delincuente y encantador de prostitutas, haya tenido tiempo de sobra para eliminar pruebas, ponerse de acuerdo con sus cómplices y hasta escribir un libro sobre la inocencia de los santos políticos que son permanentemente acosados por bulos malintencionados y conspiraciones maquiavélicas contra ellos. Y lo mismo ocurre con el señor diputado socialista, progresista y presunto delincuente Santos Cerdán que –como el anterior, también secretario de organización del PSOE– que cuando ha sido requerido por el juez ya ha tenido tiempo de hacer desaparecer todas las pruebas y hasta de hacer un viaje alrededor del mundo para adquirir en esos países dejados de la mano de Dios una pequeña vivienda –aunque él, injustamente, por supuesto, acabara en la cárcel– donde cada uno de sus familiares más queridos, podrá rescatar curiosas bolsitas con pequeños tesoros y, quién sabe, hasta el contacto telefónico de algún «conseguidor» venezolano que, tal vez, pueda aparecer en algún próximo audio en el que se implique a nuevos ilustres aforados…

El aforamiento es una ofensa a la democracia y una burla a los españoles de a pie. Y, «gracias» a los aforamientos, muchos delincuentes se van de rositas porque tienen todo el tiempo del mundo para destruir pruebas y rastros, y convenir con unos y otros cómplices cómo y cuándo y en qué justas palabras basarán su defensa. Eso sí, con el mejor abogado que, al igual que las prostitutas, podrá ser pagado con cargo al erario de todos los españoles. En vísperas de nuevas elecciones, Sánchez nos ha contado siempre, entre otras de las muchas milongas a que nos tiene acostumbrados, que va a poner en marcha una iniciativa parlamentaria para eliminar los aforamientos de los diputados y senadores. Pero, como suele, es otra trapacería, otra marrullería, otro bulo, «fake news», como gusta decir a quien pretende convencernos de que él ha venido al mundo para lograr la regeneración democrática universal y que su misión en la tierra no es otra que conseguir la sanación política a través de la política progresista, que todo lo hace por el bien común, jamás por el suyo propio.

Unos y otros grupos políticos entonan, en tiempo de promesas electorales, el sonsonete de «la necesidad de eliminar los aforamientos de los diputados y senadores» para equipararnos a las democracias de Alemania o Reino Unido, pero eso nunca ha dejado de ser una promesa electoral, como tantas otras. La realidad, la desesperanzada realidad democrática española, es que, al igual que ocurre con el nombramiento de algunos magistrados y jueces –que los dirigentes políticos se reparten a su antojo, para vergüenza y escarnio de la separación de poderes–, el aforamiento de los representantes de las cámaras legislativas conculca el artículo 14 de la Constitución Española y representa claramente obstrucción a la justicia, ya que impide la rápida intervención judicial en casos de corruptelas como los que en estos días nos ocupan. Según transparencia Internacional España es uno de los países más corruptos de Europa. Y va a peor. En los dos últimos años ha caído 10 puestos en el registro mundial, y está catalogada como «democracia defectuosa».