Los funcionarios

En 2018, tras alcanzar un acuerdo de Gobierno en Andalucía, PP y Cs firmaron un documento que recogía 21 medidas para los primeros cien días. La sexta medida decía: «Despolitización de cargos y restricción del sistema de libre designación. Los directivos serán elegidos por concurso».

Sabia medida, si se aplicara: despolitizar completamente la administración, y lograr que esta se dedique a gestionar los intereses públicos. Pero eso no ha ocurrido así. Según el diario ABC, el Gobierno andaluz tiene 700 funcionarios de confianza más que hace cinco años, y la proliferación de puestos de libre designación (PLD) ha conseguido algo inédito: poner de acuerdo a todos los sindicatos de la Administración Pública de la Junta en contra del Gobierno andaluz. En efecto, SAF, CSIF, ISA, UGT y CCOO han publicado un comunicado conjunto en el que denuncian el abuso de la Junta con los puestos de libre designación, considerando que «estamos ante la Administración Pública más politizada de España», pues gran parte de los puestos se asignan al margen de todo principio de mérito y capacidad.

En este momento, el Gobierno Andaluz supera las 3.000 plazas asignadas a funcionarios, discrecionalmente. Estas cifras son inaceptables por varias razones: porque provoca un bloqueo en la carrera administrativa (la carrera de un A1, un licenciado, que puede ocupar puestos de niveles 22 a 30, se corta en el nivel 25); porque contradice lo que ocurre en cualquier otra administración, que cubren puestos por concurso hasta el nivel 28; y porque los funcionarios quieren prosperar por sus méritos, sin significarse políticamente o plegándose a intereses políticos. Es necesaria una administración más profesional, como el PP decía cuando iniciaba su andadura.

En cuanto a Granada, estamos viendo una serie de ceses de técnicos independientes, sin adscripción política alguna, para situar, en su lugar, a personas de confianza política. Es más, hay una Delegada que en su anterior mandato cesó a más de 20 directivos, sin conocerlos ni haber despachado con ninguno de ellos, siendo funcionarios de alta cualificación, y sin adscripción política; y al ser cambiada de Delegación, en esta legislatura, de nuevo ha cesado a más de trece directivos (en una dependencia que ya había funcionado con gobierno conservador).

Por tanto, de «despolitización de cargos y restricción del sistema de libre designación» nada; todo lo contrario: demasiada politización, para puestos de trabajo donde solo es exigible gestión y no orientación política. ¿Cuándo los responsables públicos entenderán que necesitamos más gestores y menos políticos? Aunque los Delegados tienen competencias para realizar determinados ceses, éstos deberían acometerse cuando haya razones objetivas para ello, según reitera la jurisprudencia: carencia de preparación, falta de rigor, pérdida de confianza, manifiesta enemistad, deslealtad…, pero evitando que los técnicos cualificados y valiosos puedan ser postergados de manera caprichosa, porque eso descapitaliza la Función Pública.