La inminente concesión de los indultos a los dirigentes del 'procés' por parte del Gobierno abre un ciclo político nuevo que lleva en sí mismo ... el ADN de la paradoja. El Ejecutivo recurrirá al discurso de la concordia, de la convivencia y de la magnanimidad de un Estado fuerte. El apoyo matizado a los indultos de Antonio Garamendi, el presidente de la CEOE, después de los obispos catalanes, certifica que el Ejecutivo de Sánchez está ganando en este asunto la batalla del relato y que buscará en el Liceo, este lunes, todo un aval escenográfico. El PP, aún bajo la resaca contradictoria de Colón, tiene que admitir que la proximidad con Vox y las incursiones irresponsables de Isabel Díaz Ayuso implicando al Rey en la polémica son pésimos compañeros de viaje y que Sánchez puede ganarle esta partida. La recuperación económica necesita estabilidad política y los empresarios son bien sensibles a este mensaje.
A su vez, el problema independentista de Cataluña, que existe y no es una invención de Sánchez, abre un momento distinto, con una expectativa de apaciguamiento, una mayor distensión con el independentismo catalán en busca de una salida a la espinosa cuestión territorial que, en todo caso, requiere tiempo, mucho tiempo, para que maduren las condiciones sociales y políticas que algún día posibiliten un acercamiento y un acuerdo. La decisión abre un proceso largo y difícil en el que la mesa de diálogo tiene un reto de gran envergadura ante sí: iniciar un camino que no será corto, que encierra poderosas contradicciones, pero que también obedece a una pulsión de regreso a la normalidad.
El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha enviado en los últimos días algunas señales flexibles. Los empresarios catalanes han empujado al president a admitir el juego institucional y a centrarse en una agenda que habla de déficit fiscal o de inversiones pendientes en vez de independencia y amnistía. Es una incógnita si esta apuesta posibilista de ERC es irreversible, porque en su seno conviven sectores aún muy rupturistas y porque Junts y las CUP juegan a la política de 'tierra quemada' o del 'todo o nada'. Pero algo se está moviendo en la sociedad catalana, incluso en el seno del independentismo.
Ambas partes tendrán que asumir que su interlocutor tiene un limitado y complejo margen de maniobra. Lo tiene Sánchez, que asume un coste por la decisión de los indultos y que debe contrarrestar la gran tormenta política que suscita en el centroderecha el polvorín territorial. Lo tiene Aragonès, hipotecado también por sus socios de gobierno de Junts y por la corriente más radical.
Frente a las oportunidades y riesgos, Sánchez confía en el que el efecto verano –vacunación, final de la mascarilla obligatoria en la calle, turismo, fondos europeos y despegue económico– contrarresten el registro catastrofista del PP, que sigue subiendo en los sondeos. Los fondos europeos, que persiguen una ambiciosa transformación del tejido productivo español, tienen una letra pequeña respecto al cumplimiento de algunas condiciones planteadas desde la UE en torno a la reforma laboral y al sistema de pensiones. Diálogo social y reformas. Esa es la ecuación de los próximos meses. Sánchez respira aliviado porque la marcha de Pablo Iglesias del Gobierno le quita presión interna y mediática.
Pese a esta inyección que supone el maná europeo, el panorama no está exento de problemas. De entrada, un revés del Tribunal Constitucional sobre la legalidad del estado de alarma tendría serias consecuencias en las necesarias indemnizaciones. A su vez, la lenta puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital y los movimientos ante el encarecimiento del precio de la luz revelan flancos vulnerables para este Gobierno en aspectos bien domésticos. El nuevo modelo de tramas horarias para abaratar el consumo de energía ha coincidido con un momento en el que se han disparado los precios, lo que ha obligado a anunciar una suspensión provisional de determinados impuestos para que las eléctricas abaraten la factura. La medida venía precedida por un intento de revisar el actual modelo que había generado un fuerte rechazo en el sector de las eléctricas, que ha denunciado el 'intervencionismo' público.
El Ejecutivo se exhibe en esta cuestión en un escaparate vulnerable y sensible, que pone a prueba la autenticidad de su discurso social al tocar de lleno a una parte de la clase media que ha visto disminuido su capacidad adquisitiva. El termómetro de malestar social queda al descubierto si esos conflictos no encuentran una salida. Frente a la política de salón, la política de la cocina. Las cosas del comer inclinarán la balanza.
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