Los funcionarios y la garantía de imparcialidad y objetividad

El desmembramiento de este cuerpo de funcionarios viene vergonzosamente escondido en una disposición final de la Ley de Presupuestos a pesar de que el Tribunal Constitucional proscribe la utilización de esta ley para cosas como esta. Y a través de la disposición, y sin haber atendido a las reclamaciones del colectivo, el Gobierno le hace entrega al Gobierno vasco, a instancias del PNV, de todas las funciones relacionadas con ellos, como si de un trofeo se tratase, de manera que a partir de ahora no podrá decirse que sea un cuerpo 'nacional', ya que no se podrá trabajar en toda la nación sino que habrá un territorio que quedará al margen del resto, sentando un peligroso precedente que puede acabar teniendo su continuidad en el resto de comunidades autónomas.

La Constitución Española hace más de 43 años consagró el estado autonómico en el que vivimos, con competencias y capacidad normativa propia de las comunidades autónomas, reconociendo además los diferentes idiomas cooficiales que se hablan en algunos territorios. Y durante todos estos años ha habido varias promociones de estos funcionarios que han servido en varias comunidades, sin que la distinta legislación propia de cada una ni el idioma que se habla en algunas de ellas haya sido hasta ahora un problema, por lo que este no puede ser el motivo para hacer lo que se acaba de hacer. Y hablo de motivo porque realmente argumento que lo justifique no se recoge ninguno en la ley, de ahí que considere que es un asunto vergonzosamente escondido, porque no se puede entender de otra manera lo que no se explica y para lo que se utiliza un procedimiento vedado por el Tribunal Constitucional, en lugar de utilizar la luz y taquígrafos tantas veces reclamado por quienes han firmado esto cuando estaban en la oposición y acudir a los procedimientos legalmente previstos para modificaciones de tal calado.

La garantía de imparcialidad y objetividad en el cumplimiento de las funciones de estos funcionarios viene dada por el hecho de que, aunque prestan sus servicios en un ayuntamiento concreto, sin embargo su selección y nombramiento corresponde a la Administración central. Pero esto va a cambiar en el País Vasco. Y solo habría que preguntarle otra vez a cualquier vecino de cualquier pueblo si le parece bien que el secretario de su Ayuntamiento dependa del alcalde y la respuesta sería unánime: «Eso sería una barbaridad, ¿cómo quien tiene que decirle al alcalde lo que puede y lo que no puede hacer va a depender de él?». Pero claro, para conocer esto hay que conocer nuestros pueblos y lamentablemente nuestros gobernantes solo van a ellos cuando están en campaña electoral, para bajarse de un autobús, soltarles lo que llevan escrito desde sus despachos, y volverse a su casa o a su residencia oficial.

La entrega de estos funcionarios al Gobierno vasco supondrá, en la práctica, la entrega de aquellos que deben ejercer sus funciones de control para que dependan de quienes tienen que controlar. ¿Y por qué?, pues porque quieren contentar a aquellos alcaldes a los que estos funcionarios les resultan 'incómodos', que son los que quieren hacer su voluntad sin atender a si es legal o no, si pueden hacer lo que les venga en gana o no. Aunque en honor a la verdad hay que decir que la inmensa mayoría de nuestros alcaldes consideran a los secretarios, interventores y tesoreros como un personal absolutamente imprescindible en sus ayuntamientos sin los cuales no podrían llevarse a término prácticamente ninguna de las cosas que pretenden, pero, como en otros casos, son una mayoría silenciosa y como tal no suele tenérsele en cuenta.

Veremos a partir de ahora cuántas plazas se convocan o si se acaba prefiriendo acudir al sistema de cubrir las vacantes con interinos, siempre dóciles y afectos al régimen. Pero después que nadie se extrañe de las consecuencias que se traducirán, previsiblemente, en casos de corrupción. Y lo que ahora se considera un triunfo puede acabar explotándoles en la cara.

Todas las esperanzas de este cuerpo de funcionarios es que algo funcione en este Estado cuyo apellido 'de Derecho' parece quedar cada vez más en entredicho y esperar a la resolución de los recursos que se presentarán solicitando amparo, no sólo por tratar de conservar ese carácter nacional del cuerpo sino también por luchar por la dignidad de las instituciones en las que sirven y que parece no ser prioritario para ninguno de los políticos intervinientes en este despropósito, no comprendiendo cómo quien llegó a la presidencia del Gobierno a través de una moción de censura basada en los casos de corrupción del anterior Gobierno sin embargo ahora ponga los pilares para crear un Estado así, empezando por la Administración más sensible por ser la más cercana al ciudadano, como es la local, y precisamente en el momento en que Europa va a estar mirando con lupa en qué nos gastamos la cantidad de millones que nos va a enviar y que estos funcionarios serán los encargados de fiscalizar en los ayuntamientos que los reciban.