Los fondos parasitan recursos públicos

Cuando se analizan informes se llega a la conclusión de que las políticas se paralizaron hace muchos años y que hay muchos intereses en ocultar la verdad e impedir nuevas políticas. No vale seguir con la misma mirada. Pensionistas siguen concentrándose porque advierten que el incremento del coste de la vida está ocasionando, especialmente a las mujeres, que el acceso a unas condiciones de vida dignas sea cada vez más difícil, por la pérdida de poder adquisitivo. Las pensiones son un derecho de la ciudadanía y se deben financiar como todos los demás gastos colectivos de un país.

Quién puede considerar digno que las mujeres que trabajan en hostelería en Andalucía, su salario bruto medio anual sea de 13.410 euros Más de dos décadas llevan las trabajadoras del hogar y los cuidados, pidiendo la firma del convenio 189 OIT, qué pasa. Para cuándo coherencia en la política de Vivienda, se ha contratado a Blackstone, uno de los mayores agentes del mercado de la vivienda en España, si en el anteproyecto de Ley se expone la necesidad de incrementar el parque público de vivienda. Para rematar la venta de los bienes de Sareb la gran inmobiliaria pública, la privatización se está llevando a cabo sin que la ciudadanía pueda identificar los bienes ni conocer por qué precios fueron vendidos, por un decreto de enero de Economía.

No es casualidad que la gestión privada de las residencias haya estallado, cada vez controlan más residencias los fondos de capital privado con el objetivo de revender en cinco años con el máximo beneficio posible, eliminar el yogurt merienda aporta 500.000 euros a ingresos. La Diócesis también dueña de residencias obtendrá más beneficios con sus contratos mercantiles con Clece que es filial de ACS que tiene un plan de expansión más agresivo. Ha incrementado alianzas con la Iglesia, también Ballesol, Domusvi o Sanitas. Por todo esto, ¿hay dificultades para firmar las CCAA un acuerdo con el Ministerio que garantice cuidados dignos e inspecciones?

El miércoles se presentaba el estudio de la Plataforma contra los Fondos Buitre que parasitan recursos públicos; en él se incluye medidas para proteger los servicios sociales básicos, blindar los derechos sociales en la Constitución, no pueden quedar fuera del sistema público, dependiendo en exclusiva de inversión privada, asi como un cambio radical en el sistema eléctrico, de vivienda, fiscalidad justa y progresiva. Se ha anunciado un borrador de proyecto de ley para impedir la entrada de fondos buitre en los sectores básicos.