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Factura electoral

El nuevo Gobierno deberá ajustar el gasto y bajar el déficit al nivel pactado con la UE al quedarse sin los ingresos adicionales previstos en los Presupuestos

Factura electoral
EDITORIAL

El Gobierno que salga de las urnas tras las elecciones generales del 28 de abril se topará con una situación económica complicada no solo por la palpable desaceleración de la actividad y por un entorno exterior mucho más adverso que hace unos pocos meses, sino por un deterioro de las cuentas públicas que agudiza el fracaso en la tramitación de los Presupuestos. El proyecto de Pedro Sánchez tumbado por el Congreso ofrecía serios problemas de credibilidad por incluir unas infladas previsiones de recaudación y, a la vez, el mayor aumento del gasto en esta década, lo que cuestionaba el cumplimiento de los compromisos de déficit contraídos con Bruselas. El 1,3% reflejado en ese texto, desechado en su momento por irreal, se ha convertido ya en una quimera puesto que algunas de las nuevas fuentes de ingresos contempladas para alcanzarlo no es que vayan a aportar menos de lo esperado, como se daba por seguro, sino que sencillamente no existirán. El próximo Ejecutivo, al margen de cuál sea su signo político, se verá obligado a aprobar severos ajustes para compensar ese desequilibrio, según ha reconocido la propia ministra de Hacienda. Su margen de maniobra consistirá entre actuar así por voluntad propia o conminado por la Comisión Europea, que difícilmente aceptará de buen grado y sin exigir medidas correctoras un déficit equivalente al 2,4% del PIB este año, la cifra que baraja ahora el Gobierno socialista y que supera con holgura el nivel comprometido con la UE. Ese es el precio de la inestabilidad política que se ha llevado por delante el mandato de Sánchez y de un estilo de gestión con ramalazos populistas y electoralistas por el que se aprueban medidas sociales difícilmente discutibles y con un fuerte impacto en el gasto sin tener asegurados los ingresos necesarios para financiarlas ni recortar otras partidas. Es decir, a costa de engordar un déficit y una deuda pública que es obligado rebajar. El aumento de las pensiones y de los salarios de los empleados públicos, ya en vigor, iba a ser sufragado total o parcialmente por una reforma fiscal, por la creación de nuevos impuestos a las empresas tecnológicas y a las transacciones financieras y por un ascenso de la tributación del diésel. Esas iniciativas y la recaudación adicional estimada con su puesta en marcha decaen con los Presupuestos. A todo ello se suma la incertidumbre política y la parálisis de la Administración que conllevan unas elecciones, que en nada favorecen a una economía como la española en plena desaceleración, aunque con un crecimiento muy superior al resto de la Unión.