El incumplimiento de la norma

Quod erat demonstrandum tiene un claro refrendo en Andalucía. Cuando se avecinaba el final del virreinato socialista en nuestra tierra, yo auguraba que no pasaría nada. Transcurridos unos años de gobierno 'conservador' -por aquello de mantener la nostalgia de las viejas nomenclaturas, hoy inservibles-, constato aquella pesimista visión de la política. Da igual que da lo mismo quién detente el poder. El devenir cotidiano no altera su pulso quienquiera que gobierne. Si alguien hubiera entrado en coma poco antes de que Juanma Moreno hubiera alcanzado la presidencia de la Junta y se despertase ahora, creería que seguía gobernando el PSOE. La enseñanza, la sanidad, los servicios públicos continúan artríticos. Semejan articulaciones marmóreas, imposibilitadas para el menor movimiento.

El lunes empezó el curso escolar en secundaria, bachillerato y formación profesional. La consejera del ramo y sus delegados territoriales han pregonado -del igual modo, con las mismas palabras, con idéntico énfasis que en su día utilizaron su conmilitones socialistas- que la educación es su prioridad absoluta, el futuro de la sociedad, por cuyos logros desean ser recordados. Glosarán una Arcadia inexistente que las evaluaciones internacionales desmienten. Mostrarán, mientras ignoran a los profesores, su confianza en los docentes y ensalzarán sus méritos. Una semana después, caídos los oropeles, los harapos de la enseñanza pública serán bien visibles. No se atreverán a poner coto -manu militari si es preciso- al absentismo galopante de parte de los profesores. No estudiarán alternativas a un acceso docente obsoleto que no selecciona a los óptimos. Ni definirán un modelo de dirección educativa ni plantearán cómo premiar la excelencia profesional. Además, espejo de sus antecesores, porfiarán por incumplir sus propias normas.

Exemplo dato, las leyes educativas dictan que el número máximo de alumnos por aula en secundaria es treinta. En bachillerato, treinta y cinco. Por ende, en la orden de escolarización andaluza se especifica cuáles son los casos excepcionales para exceder estas cifras. Sin embargo, alguien arbitrariamente decidió un día que por un incremento en las ratios del diez por ciento no pasaba nada. Carecía la medida de fundamento alguno. Podría haber sido un siete por ciento o un ocho con quince periódicos puros. Pero llevaban razón, no pasa nada. El curso comienza en la fecha prevista, los alumnos se hacinan en aulas donde no caben y los burócratas de la Consejería de Educación siguen tecleando en los ordenadores ajenos a la realidad y a los cambios políticos. Efectivamente, fin de la historia.