Estado responsable

La sentencia de la Audiencia Nacional que condena al Estado a indemnizar a las viudas y los hijos de los dos policías asesinados en el ... atentado contra la Embajada española en Kabul en 2015 constituye tal enmienda a la actuación de los poderes públicos que no debería pasar desapercibida por los años transcurridos desde que los talibanes hicieron explotar su coche bomba. Los terroristas mataron a Jorge García Tudela e Isidro Gabino San Martín, después de que desde seis años antes, nada menos, los ministerios de Interior y Exteriores bajo sucesivos gobiernos del PSOE y del PP supieran periódicamente de los riesgos que comportaba la ubicación de la legación diplomática en el avispero afgano. Que, por añadidura, el único lugar invulnerable fuera la residencia del embajador incorpora a las vicisitudes del caso un agravio que intensifica la indignación y la tristeza que debe provocar el veredicto judicial. La peligrosidad de un lugar como Kabul hace ocioso especular con si los agentes destinados a la Embajada podrían haber contado con un blindaje absoluto. Seguramente no. Pero la falla en la seguridad ahora sentenciada favoreció el atentado que costó la vida a García Tudela y San Martín. Y eso merecería un resarcimiento moral más allá de la indemnización.