Crisis institucional en España

El 25 de mayo de 2018 el grupo parlamentario socialista, aprovechando la publicación de la sentencia del 'caso Gürtel', registró apresuradamente la moción de censura contra Mariano Rajoy. Todos los partidos de la oposición, excepto el PP y la abstención de Ciudadanos, votaron a favor. El día 2 de junio de 2018, Pedro Sánchez prometió el cargo de presidente del Gobierno ante el Rey, siendo el primer presidente de la etapa democrática que no era diputado.

España inicia así una de los periodos de mayor incertidumbre política en la que la desconfianza de la ciudadanía hacia los partidos de corte tradicional, provocó el resurgimiento de fuerzas políticas radical-populistas (a la izquierda y a la derecha) con la consiguiente fragmentación del espectro político, que a su vez derivó en una gran dificultad para formar Gobierno y a la ralentización de la gobernabilidad.

En este contexto, el Gobierno precario y débil, tras el fracaso relativo de las elecciones de 2019 (120 diputados en noviembre frente a los 123 de abril), se ocupó, durante una larga etapa, en ver como se mantenía en el poder y evitaba unas terceras elecciones.

Todo apuntaba a que durante ese tiempo no había habido un intento serio por parte del presidente del Gobierno de llegar a un acuerdo con partidos constitucionalistas que evitara que la estabilidad política y la gobernabilidad de España dependieran de un partido separatista, como finalmente sucedió, incumpliendo de ese modo el compromiso públicamente adquirido por el presidente.

Durante la campaña electoral y en el debate de investidura el presidente realizó multitud de declaraciones y promesas que posteriormente, tras la conformación del nuevo Gobierno, unas fueron falsas y las otras flagrantemente incumplidas.

A los políticos, en general, y máxime a los líderes se les debe exigir honestidad, formación, dedicación, coherencia, prudencia y ejemplaridad. Esa forma de actuar tanto el presidente del Gobierno como su entonces socio, el líder de Podemos, se apartan radicalmente de esas cualidades.

Mentir probablemente sea la falta más grave que un político puede cometer, máxime si lo hace en sede parlamentaria.

Pues bien, la mendacidad y la incoherencia reiteradamente exhibidas, por el presidente y su socio (Iglesias), haciendo lo contrario de lo que prometían, expresaron una falta de ejemplaridad que peligrosamente comenzó a consentirse y verse con cierta 'normalidad' por un sector de la población, progresivamente anestesiada, e incluso por algunos líderes políticos.

La investidura del presidente con la apoyatura de una serie tan variopinta de partidos y la dependencia absoluta para conseguirla de los partidos separatistas/independentistas hipotecaron y fragilizaron al nuevo Gobierno, cuyo presidente (entonces candidato) tuvo que escuchar, por dos veces, como el Sr. Rufián, desde la tribuna del Congreso le reconvenía con altivez: «Sin mesa, no hay legislatura».

Se conformó un Gobierno 'ad hoc', atendiendo no a las necesidades reales para ser efectivo y eficiente, sino que se crearon tantos sillones, de vicepresidentes o ministros, como hicieran falta para dar cabida a los advenedizos socios de Podemos, siendo así el segundo Gobierno más numeroso de la democracia.

Para ello se distribuyen y fragmentan competencias antes residenciadas en un mismo ministerio como ocurrió, por poner solo un ejemplo, con la separación de Ciencia y Universidades.

Todo ello provocó la incorporación de una serie innumerable de asesores y nuevos cargos (mayor gasto) y en definitiva incremento de la burocracia, ineficacia e ineficiencia.

La política errática e incoherente (interior y exterior) desarrollada en el tiempo que lleva gobernando el presidente, le ha conducido a la inestabilidad y a cometer errores de bulto.

Basten algunos ejemplos: el nombramiento de la exministra de Justicia como Fiscal General del Estado; no recibir al presidente encargado de Venezuela al que recibieron el primer ministro británico, el presidente de Francia o la canciller alemana, cuando España fue el primer país en reconocerlo como tal tras la Unión Europea; la esperpéntica actuación del ministro Ábalos con el afer de la vicepresidente del Gobierno de Venezuela; la entrevista con el presidente de la Generalidad –inhabilitado como diputado por la Junta Electoral Central–, en pie de igualdad como si de dos estados se tratase, devaluando así la dignidad de la propia Presidencia del Gobierno como institución y la del Estado; los 8-10 segundos que duró el paseo con el presidente de Estados Unidos y que el aparato propagandístico del Gobierno pretendió vender como una entrevista; la desastrosa gestión de la pandemia; la trapisonda relación con Marruecos, prestando asistencia sanitaria con oscurantismo al líder del Frente Polisario, lo que provocó la invasión de Ceuta por una multitud de marroquíes, alentados por su Gobierno, y la retirada de su embajadora en España. Pero para acabar con este desaguisado el presidente del Gobierno, sin consultar con nadie, decide personalmente apoyar la propuesta marroquí para resolver el problema del Sahara Occidental, modificando así la postura de los sucesivos gobiernos de España desde el comienzo de la democracia.

La reacción de Argelia, principal suministrador de gas a España, no se hizo esperar, llamó a consultas a su embajador y advirtió que subiría el precio del gas a España o incluso cortaría el suministro en un momento en el que el precio de los carburantes y la energía se han disparado como consecuencia de la invasión rusa de Ucrania.

De otra parte, la actitud impositiva de los separatistas catalanes manteniendo su exigencia de que los temas a negociar en la mesa comprometida son el referéndum sobre el derecho a decidir y la amnistía para los políticos presos o fugados, colocan al Gobierno frente a sus propias contradicciones.

Por su parte los nacionalistas vascos (PNV) aprovechando esta flaqueza exigen al Gobierno nuevas transferencias y entre ellas la gestión económica dela Seguridad Social en su territorio, primer paso para la ruptura de la caja única de la Seguridad Social que soportamos todos los españoles o la gestión de las instituciones penitenciarias necesaria para acercar etarras a las cárceles vascas y propiciar su excarcelamiento anticipado y así contentar a Bildu.

Se ha producido una subida de impuestos; se ha anunciado una armonización fiscal del impuesto de sucesiones y donaciones que no es otra cosa que su reposición, atentando contradictoriamente contra la autonomía de las comunidades; no se acomete el nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas; el agujero de la Seguridad Social aumenta; continúan vaciándose los pueblos y algunas ciudades del interior peninsular, incrementándose la desigualdad; no se renuevan los órganos de gobierno del Poder Judicial; el paro está aumentando o el anuncio de una reducción de las subvenciones de la PAC, etc.

Mientras tanto, las disensiones en el seno del Gobierno aumentan, la inflación se dispara, y, por ende, el precio de los alimentos básicos, lo que unido al incremento del precio de la electricidad y los carburantes ha provocado una merma del poder adquisitivo y un derrumbe de las previsiones del crecimiento económico del Gobierno que han pasado del 7% al 4'3 para 2022; se incrementan las protestas de agricultores, ganaderos, transportistas, autónomos, etc.; la deuda pública se hace insoportable con la amenaza del BCE de subir los intereses lo que supondría en la práctica la imposibilidad de su pago.

Se gobierna a golpe de reales decretos (120 en lo que va de legislatura) que como se sabe es una fórmula reservada para situaciones de urgencia, eludiendo en gran medida el debate parlamentario e introduciendo asuntos tan peregrinos como dar entrada en la Comisión de Secretos de Estado a miembros de partidos no constitucionalistas que quieren acabar con la unidad de España, contando para ello con la 'inestimable' colaboración de la presidente del Parlamento que 48 horas antes modificó el Reglamento de la Cámara, reduciendo de 210 a 176 los votos necesarios para dar entrada a miembros de esos Partidos.

Todo ello conforma, a mi juicio, un panorama de crisis institucional y gubernamental sin precedente para una sociedad progresivamente adormecida e indolente.