Competencia fiscal

La rebaja anunciada por Madrid ampliará su brecha tributaria con otras comunidades y ofrece riesgos en una fase de desaceleración

EDITORIAL

La comunidad con los impuestos más reducidos de toda España se propone aplicar «la mayor rebaja fiscal de la historia». La nueva presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tomó posesión ayer con un desafío por delante que ha desatado un encendido debate y acusaciones de competencia desleal por parte de otras autonomías. Barones socialistas han planteado incluso suprimir o limitar drásticamente la capacidad legal que tienen las de régimen común para actuar en materia tributaria a fin de evitar un aumento de la desigualdad con acciones de esa índole. Sería un dislate entrar en subastas tributarias que pongan en riesgo la calidad de los servicios públicos. También dar marcha atrás en la corresponsabilidad fiscal por la que las comunidades se implican directamente en los ingresos con los que financian sus competencias. Aún a falta de conocerse sus detalles, la medida estrella anunciada por la dirigente del PP –un recorte de hasta 2,5 puntos en el tramo autonómico del IRPF para las rentas más altas– forma parte del regreso de su partido a las recetas del liberalismo más radical, que fía la mejora de la actividad, del empleo y de la recaudación a un fuerte recorte de los impuestos. Esa fórmula ha dado frutos en un pasado reciente, aunque presenta innegables riesgos en un escenario de desaceleración económica como el actual. Puede existir margen para el recorte de algunos tributos; sobre todo, si va acompañado de un mayor rigor en el gasto que suprima ineficiencias o duplicidades entre administraciones. Pero tal medida ha de ser compatible con la provisión de unos recursos suficientes para la sanidad, la educación o la dependencia que, hoy por hoy, no garantiza un obsoleto sistema de financiación que urge revisar. Madrid ha explotado sin complejos las posibilidades que le ofrece la gestión del 50% del IRPF, del Impuesto de Patrimonio (lo ha suprimido) y del que grava las herencias y donaciones (lo bonifica en un 99%) para atraer grandes fortunas, a altos ejecutivos y empresas en detrimento de otras comunidades. Es cierto que al actuar así lo hace dentro de la ley. Pero también que, al margen de condicionantes ideológicos, su agresividad fiscal está fuera del alcance de las demás autonomías –con las que aumentará su brecha tras la reforma en ciernes– por la envidiable ventaja competitiva que le supone la capitalidad, que no es ajena a su condición de región más rica y con el mayor crecimiento económico del país. Una ventaja que derivará en ventajismo si otras comunidades no reciben las adecuadas compensaciones por parte del Estado.