Combustibles sin freno

El hecho de que, al menos hasta ahora, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia no haya detectado más que un fraude residual por incremento de los precios en las gasolineras aprovechando el cobijo de las ayudas gubernamentales contribuye a apuntalar la credibilidad de la fórmula excepcional adoptada para contener la crecida de los precios energéticos. Especialmente cuando el Consejo de Ministros se dispone a ampliar mañana el decreto anticrisis hasta pasado el verano y, con ello, los masivos desplazamientos vacacionales; una prórroga que hace sospechar que el bipartito PSOE-Unidas Podemos optó por quedarse con la perspectiva más optimista cuando los indicadores de la inflación no han dado tregua. Y el hecho de que España presente un coste de la gasolina y el diésel más gravoso que la media europea acredita que la bonificación dista de poder resultar plenamente virtuosa no solo porque la subida de los combustibles no cede. También por las particularidades –en el refino y la comercialización, por ejemplo– del mercado español.

A la espera de en qué se concrete el impuesto que prevé el Gobierno sobre los beneficios extra de las compañías energéticas, corresponde evaluar a estas, dentro de sus propios márgenes de actuación, si cabe que amplíen los descuentos arbitrados hasta ahora dado la amplitud del impacto inflacionista. El Ejecutivo se ha inclinado por prolongar las bonificaciones sin discriminar en función de la renta u otras consideraciones, con el riesgo siempre de toda medida generalista de incurrir en potenciales injusticias cuando el alza de los precios afecta al conjunto de la ciudadanía pero no con el mismo peso. La severidad del escenario debería servir, al menos, para avanzar en la potenciación del transporte público y en el compromiso social de utilizarlo más si es posible.