La protección y prevención de la Salud Laboral, un reto pendiente

Andalucía se situó a la cabeza de la siniestralidad en España en 2024 con 104.914 accidentes con baja y 128 vidas perdidas en el trabajo, doce muertes más que el año anterior, confirmando una preocupante tendencia al alza. Almería contribuyó tristemente a esta estadística con veinte fallecidos, reflejando una de las tasas de mortalidad laboral más elevadas en relación con el número total de accidentes. Cada número es una vida truncada, una familia rota, y a esto se suma la infradeclaración crónica de enfermedades profesionales en nuestra comunidad que apenas supone un 5,83% del total nacional en 2024, y que oculta una realidad de sufrimiento laboral aún más sombría.

Una mención especial merece en Almería la problemática del amianto, cuyo impacto ha sido particularmente devastador y donde decenas de trabajadores y trabajadoras, especialmente en sectores como la construcción, industria naval, talleres mecánicos o empresas auxiliares agrícolas, siguen sufriendo las consecuencias mortales de este material cancerígeno. Sin embargo, más de dos años después de aprobado el fondo nacional de compensación a las víctimas, la administración sigue sin desarrollar el reglamento necesario para su aplicación efectiva, dejando a las víctimas y sus familias en una situación de abandono e incertidumbre inaceptables. No debemos olvidar que en nuestra provincia el sílice ha provocado numerosas enfermedades respiratorias y en algunos casos la muerte.

Detrás de esta tragedia se identifican causas estructurales: la precariedad laboral como terreno abonado para el riesgo, una inversión insuficiente en prevención por parte de muchas empresas, una cultura preventiva aún débil, incumplimientos normativos junto a la necesidad urgente de una actualización de dichas normas para que se adapten a la nueva realidad laboral y más recursos para la Inspección de Trabajo que se unan a la creación la creación de Juzgados especializados en la materia. En nuestra provincia esto se agrava por las condiciones de sectores clave como la agricultura intensiva, la construcción o los servicios, con ritmos frenéticos, exposición a riesgos específicos (químicos, ergonómicos, climáticos) y, a menudo, menor protección para colectivos especialmente vulnerables. Las jornadas en el campo bajo temperaturas extremas, los tajos de obra sin medidas adecuadas o las tareas repetitivas en cadenas logísticas con presión constante forman parte de una realidad cotidiana que normaliza lo inaceptable.

Asimismo no debemos olvidar los riesgos psicosociales que en nuestra provincia han causado el año pasado 9 accidentes mortales por infartos. A estos riesgos tradicionales se suman los nuevos desafíos derivados de la transformación digital. La digitalización mal gestionada está generando un aumento de los riesgos psicosociales: estrés, intensificación del trabajo, falta de desconexión, vigilancia constante, pérdida de autonomía. Por ello, resulta inaplazable actualizar urgentemente el cuadro español de enfermedades profesionales, incluyendo expresamente las enfermedades mentales vinculadas al trabajo y dotándolo, además, de una necesaria perspectiva de género. La salud mental de la clase trabajadora se resiente en un entorno cada vez más exigente y menos humano, donde los algoritmos sustituyen a la empatía y el rendimiento se mide en datos, no en bienestar.

Desde los sindicatos, no podemos sino compartir la indignación y la urgencia. Trabajar no puede ser una ruleta rusa. La complacencia y la inacción son cómplices de cada accidente, de cada muerte. Las empresas deben asumir su responsabilidad y dejar de escudarse en la burocracia. Las administraciones deben dejar de mirar hacia otro lado y poner el foco en lo que realmente importa: proteger la vida. Y la sociedad entera debe asumir que cada persona que muere en su puesto de trabajo representa un fracaso colectivo.

Este 28 de abril, Almería debe mirarse en el espejo de sus propias cifras. Debe escuchar el clamor que exige poder trabajar y volver a casa sano y salvo. Es una deuda pendiente con miles de trabajadores y trabajadoras. Una deuda con la vida que no admite más demoras.