Por el aborto legal, seguro y accesible

De poco sirve el reconocimiento de los derechos en las leyes si no se ponen en marcha las medidas para que estos puedan ejercerse en todos los territorios del Estado, con todas las garantías y en condiciones de equidad.

Desde CCOO recordamos que estamos ante un derecho fundamental para la igualdad entre mujeres y hombres, y exigimos Respetar los derechos y Cumplir las Leyes para garantizar que todas las mujeres puedan decidir sobre sus cuerpos con total autonomía e información, para que se respete su derecho al aborto libre, gratuito y en la sanidad pública, para que todas las mujeres puedan ejercer sus libertades.

Sobre la efectividad del derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo falta información completa y actualizada. Con todo, los datos de los que disponemos a partir del último informe del Ministerio de Sanidad (con registros de 2022, antes de la entrada en vigor de la última reforma) y la información disponible en las diferentes comunidades autónomas, reflejan una realidad desigual, injusta y con gravísimas carencias.

Estamos ante una implementación deficitaria de una prestación sanitaria que a estas alturas debería proveerse con total normalidad y suficiencia en el Sistema Nacional de Salud, como de hecho sucede con cualquier otra prestación de la cartera común de servicios.

Desde CCOO denunciamos que el Estado no puede seguir dando la espalda a las mujeres y de nuevo subrayamos que tiene la obligación y la responsabilidad de respetar los derechos y hacer cumplir las leyes. Más allá de la denuncia pública, CCOO está emprendiendo acciones en el ámbito institucional para exigir el cumplimiento de las leyes.

Por todo ello, desde CCOO reclamamos que el Ministerio de Sanidad, responsable último del Sistema Nacional de Salud, establezca las medidas y garantías necesarias para que el acceso al derecho al aborto sea efectivo y en condiciones de igualdad para todas las mujeres, sin exclusiones. Se apruebe el protocolo unificado para la realización de los registros de objetores de conciencia, de manera que las comunidades autónomas no puedan escudarse en esta falta para no acometerlo. Se apruebe la Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva, pendiente de renovación desde 2010. Se garantice el acceso universal a la sanidad pública. La información para ejercer el derecho a las IVEs sea transparente y clara y que los procedimientos sean accesibles para todas las mujeres y adaptados para salvar las barreras sociales, culturales, idiomáticas, etc. Se garantice la formación de los y las profesionales de la sanidad para que conozcan las diferentes técnicas de interrupción voluntaria del embarazo. Se garantice la presencia de la educación afectivo-sexual en todas las etapas educativas. Se extienda el acceso gratuito a los métodos anticonceptivos y se realicen evaluaciones periódicas que garanticen que se implementa lo aprobado.

El derecho a la salud y a la salud reproductiva y sexual son requisitos imprescindibles para lograr la igualdad de género y una democracia plena.