Sánchez inicia las vacaciones con el diálogo con Cataluña afianzado pero sin Presupuestos

En la agenda del Gobierno antes del parón estival también estaba marcada en rojo la comisión bilateral con la Generalitat, aquella que Sánchez y Pere Aragonès acordaron retomar en su encuentro a finales de junio en la Moncloa y que ha servido para abrir un proceso de diálogo con Cataluña que permita dejar atrás los duros años del 'procés'.

La reunión llegaba cargada de tensión política. Era la primera vez en tres años que se celebraba y lo hacía bajo la fuerte presión del PP, que considera que sentarse a hablar ahora sobre competencias y traspasos con el Govern es una discriminación, o incluso una deslealtad, al resto de autonomías. A ello se suma la presión de los independentistas más opuestos a cualquier diálogo que no aborde la autodeterminación. La respuesta a la expectación que precedía al encuentro llegó en forma del compromiso de una poderosa inversión estatal en Cataluña de 1.700 millones para desbloquear la ampliación del aeropuerto de El Prat, así como de nuevas competencias para la Generalitat. «Con este acuerdo estamos sentando las bases para que Cataluña se recupere a un mayor ritmo y por tanto contribuya de manera mucho más importante a la recuperación económica del país», valoró Sánchez a la salida de su encuentro con el monarca.

En el Gobierno se muestran contentos por el trabajo realizado en esta última etapa. Más si cabe, cuando la tormenta por la concesión de los indultos a los líderes independentistas ya ha quedado «enterrada». Aunque en un principio se pensó que la medida de gracia colearía hasta septiembre, en Moncloa creen que la polémica está ya amortizada tras la «campaña de persuasión» que se desplegó en las semanas posteriores a conocerse la decisión del Ejecutivo.

Con el debate sobre los indultos aparcado y la negociación con Cataluña encauzada, Sánchez y su remodelado gabinete centrarán sus esfuerzos en el crecimiento económico pospandemia y en cerrar los Presupuestos del 2022, que serían los segundos del mandato del socialista y certificarían la estabilidad del Gobierno para lo que queda de legislatura. La intención del Ejecutivo es vehicular los fondos que lleguen de Bruselas en unas Cuentas que serán «las más expansivas de la historia». Este es el mensaje político que la coalición quiere lanzar, en pleno auge del PP en las encuestas, una tendencia que buscan revertir con la inversión en políticas públicas y dando un impulso al escudo social.

Dispuesto a agotar el ciclo, el Gobierno se entregará en el último trimestre a la negociación presupuestaria pero sin dejar de lado a Cataluña. Al contrario de lo ocurrido el año pasado, en que todas las vías estaban abiertas y se mantuvieron líneas paralelas con Ciudadanos y los independentistas; en esta ocasión se plantea prácticamente imposible operar esa 'geometría variable'.

El hecho de que en paralelo a esta negociación se vaya a estar desarrollando el diálogo con el Govern –con la primera reunión de la mesa en septiembre– tampoco invita a dar entrada a los liberales en la ecuación. Los soberanistas harán valer su voto a los Presupuestos a base de conseguir los traspasos pendientes y sin renunciar a la exigencia de un referéndum y la amnistía para los condenados por el 'procés'. Una línea roja que el Ejecutivo no está dispuesto en ningún caso a traspasar.