JxCat y ERC se dan hasta el 2 de octubre para un acuerdo que desbloquee el Parlament

Vista del escaño del presidente de ERC, Oriol Junqueras, adornado con un lazo amarillo./Alberto Estévez (EFE)
Vista del escaño del presidente de ERC, Oriol Junqueras, adornado con un lazo amarillo. / Alberto Estévez (EFE)

El proceso soberanista ha paralizado casi totalmente la política catalana durante las dos últimas legislaturas

CRISTIAN REINOBarcelona

El inicio del curso escolar supone una buena noticia para el Parlamento catalán. Al menos, se reanudarán las visitas que hacen los colegios y los desangelados pasillos de la Cámara catalana cobrarán algo de vida. Desde el mes de julio, el hemiciclo catalán permanece cerrado a cal y canto para todo lo que sea celebrar plenos y votaciones. Hay comisiones, pero no se puede aprobar ninguna iniciativa.

La culpa la tiene el cisma que se ha producido entre JxCat y Esquerra. Éste viene motivado porque no se ponen de acuerdo sobre cómo aplicar la suspensión de los seis diputados que están procesados decretada por el juez Llarena al final de la instrucción del caso sobre el 1-O. Estos diputados son Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sànchez.

En el mes de julio, el último pleno antes de las vacaciones tuvo que ser anulado por las diferencias entre los independentistas. JxCat quería saltarse el auto de Llarena, pero ERC y Roger Torrent se negaron.

Los letrados de la Cámara sugirieron, a partir del auto del juez, que una solución podía pasar por aplicar una especie de suspensión temporal de los diputados, de tal manera que parlamentarios de su mismo grupo asumieran sus funciones. Entre otras, el voto.

Roger Torrent ya les ha retirado el sueldo, aunque siguen cotizando a la Seguridad Social, pero JxCat defiende que Puigdemont reciba un trato de favor y su voto no sea sustituido. Torra afirmó a principios de mes que ya había acuerdo sobre el asunto, pero Esquerra lo negó. Ahora, se han dado hasta el 2 de octubre para alcanzar un pacto y llegar al debate de política general con la unidad restablecida. Incluso se plantean no aceptar la suspensión, pero asumir la pérdida de los seis votos, lo cual dejaría al secesionismo sin la mayoría absoluta. «No podemos hacer el ridículo como en julio», afirman fuentes independentistas, que no contemplan la posibilidad del no acuerdo porque podría provocar nuevas elecciones.

Fuentes próximas al presidente de la Cámara dan a entender que el problema es Puigdemont y que el acuerdo debe pasar por que «nadie se vea obligado a dejar el acta», que «se preserven las mayorías y resultados electorales» y que «los acuerdos tomados en los órganos de decisión del Parlamento sean efectivos». Torra presiona afirmando que no puede aceptar la suspensión y anunciando que el próximo 25 de septiembre presentará su plan de gobierno. Pero fuentes de ERC apuntan que si no hay acuerdo, «todo (la legislatura) saltará por los aires».

Dos leyes

Más allá de la retórica republicana esgrimida por el presidente de la Generalitat en cada unas de sus intervenciones, la política catalana sigue bloqueada. Desde la investidura de Quim Torra en el mes de mayo, la Cámara autonómica ha aprobado dos leyes, una sobre cuestiones fiscales y financieras y la otra para modificar la ley de la Presidencia de la Generalitat para permitir la investidura a distancia de Puigdemont. El Gobierno catalán, mientras, ha impulsado cuatro proyectos de ley, que estaban a la espera por el 155.

La parálisis viene por el proceso secesionista y más tarde por la suspensión de la autonomía, pero viene de lejos. Porque, por ejemplo, en la pasada legislatura (la de Puigdemont), que duró poco menos de dos años, el Parlamento autonómico aprobó un total de 26 leyes, casi la mitad que el mandato anterior, que duró un año más. En el último gobierno tripartito se aprobaron 96 leyes en cuatro años. Además, tres de las 26 que vieron la luz en la pasada legislatura (la de la seguridad social catalana, la del referéndum y la de transitoriedad jurídica) tenían que ver con el proceso. Y solo una fue de especial relevancia, pues supuso la creación de la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC), una ayuda de 564 euros mensuales para las personas más necesitadas, cuya puesta en marcha, no obstante, ha generado problemas. Al año de su aprobación, de las 69.197 personas que lo han solicitado, sólo 5.043 personas han podido recibirla.

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