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Un coche de TV-3 al que le han colocado banderas de España. EFE
La Junta Electoral prohíbe a TV-3 emplear los términos «preso político» y «exiliado»

La Junta Electoral prohíbe a TV-3 emplear los términos «preso político» y «exiliado»

Torra califica a España de Estado autoritario donde aún rige la censura

cristian reino

Barcelona

Jueves, 28 de marzo 2019, 22:47

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La Junta Electoral Provincial de Barcelona ha prohibido este jueves a los informativos de TV-3 y Catalunya Ràdio emplear las expresiones 'presos políticos' y 'exilio', cuando se refiera a los exconsejeros de la Generalitat y al expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, huido en Bruselas.

El organismo electoral considera que estos términos forman parte del lenguaje de algunos partidos que concurren a las elecciones generales del próximo 28 de abril, por lo que a su juicio son «contrarios al principio de pluralismo político y social, así como a la igualdad, proporcionalidad y neutralidad informativa» que deben regir los medios públicos de comunicación en periodos electorales.

El independentismo ha salido en tromba para cargar contra la Junta Electoral, cuyas decisiones están marcando la precampaña. «La ausencia de imparcialidad de la Junta Electoral le lleva a dictar los contenidos de los medios públicos», ha afirmado el presidente de la Generalitat, Quim Torra. «Un estado autoritario que se exhibe sin el pudor de la censura como bandera. Todo el apoyo a TV-3 y a la libertad de expresión y de información», ha añadido el jefe del Ejecutivo catalán. Su antecesor, Carles Puigdemont, ha afirmado que «tras prohibir el amarillo, prohibir palabras ya era cuestión de tiempo», ha señalado. «La decisión censora de la Junta Electoral es incompatible con la libertad de expresión, opinión e información en los procesos electorales», ha apuntado.

Según la Junta Electoral, los medios públicos, en este caso los catalanes, deben abstenerse de llevar a cabo «prácticas informativas que se aparten injustificadamente de la vigente legalidad, en perjuicio de la neutralidad informativa que caracteriza especialmente en periodo electoral».

La prohibición terminológica incluye también el concepto de 'juicio a la represión' para referirse al que se está celebrando en el Tribunal Supremo contra los doce líderes del 'procés'. La Junta Electoral considera que se trata de «un juicio realizado dentro de las normas del Estado de Derecho». La resolución de la Junta Electoral de Barcelona da respuesta a una denuncia interpuesta por Ciudadanos, que incluyó en su reclamación una queja por la cobertura de TV-3 de la manifestación que los secesionistas celebraron en Madrid el pasado 16 de marzo. Y obliga a TV-3 a adoptar «medidas compensatorias» para las formaciones que no apoyaron esa manifestación con «un tiempo de cobertura de un total de dos horas de duración».

«El separatismo no entiende que el Parlament, los medios de comunicación, las calles y los edificios públicos no son de su propiedad. Cs ha vuelto a hacer lo que Sánchez no hace: denunciar a TV-3 y Catalunya Ràdio por vulnerar la neutralidad. La Junta Electoral nos vuelve a dar la razón», se ha felicitado la candidata de Cs por Barcelona, Inés Arrimadas.

Lazos amarillos

Cs fue también el partido que denunció la presencia de lazos amarillos, estelades y pancartas a favor de los presos políticos en los edificios de la Generalitat. Tras su denuncia, la Junta Electoral ordenó a Quim Torra retirar toda la simbología soberanista. En un principio, no lo hizo, sustituyó el cartel que colgaba de la sede del Palau de la Generalitat por otro casi igual, aunque el lazo no era amarillo, sino blanco. Tras dos ultimátums, Torra acabó retirando las pancartas. Si bien lo hizo con dos días de retraso sobre el último plazo dado por la Junta Electoral. Este organismo tomó tres decisiones: llevar el caso a la Fiscalía, instar a los Mossos a retirar los lazos y abrir un expediente sancionador.

Después de recibir la información de la Junta Electoral, la Fiscalía Superior de Cataluña presentó este miércoles una querella contra Torra por un presunto delito de desobediencia, que podría acabar con la inhabilitación del presidente de la Generalitat. Como respuesta, el dirigente nacionalista presentó una querella por prevaricación contra la Junta Electoral.

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