El Gobierno asume que no exhumará a Franco en 2018

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. / EP

Achaca el retraso a los procedimientos administrativos y a la decisión de Ciudadanos y PP de dilatar los pasos en el Congreso

María Eugenia Alonso
MARÍA EUGENIA ALONSOMadrid

El Gobierno de Pedro Sánchez no podrá cumplir su promesa de sacar los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos antes de fin de año. Los numerosos trámites administrativos se han visto amplificados por la oposición inicial de la familia y su empeño posterior de que el dictador sea enterrado en la catedral de la Almudena. Y por si fuera poco se han sumado las trabas del PP y Ciudadanos en el Congreso para que una ley lo impida, lo que definitivamente ha obligado al Ejecutivo a revisar el calendario. «No tienen nada que ver con la voluntad», se excusó Sánchez este miércoles.

Pese a los escollos, el jefe del Ejecutivo mostró su determinación de cumplir con el compromiso que adquirió tras la moción de censura contra Mariano Rajoy y que le abrió las puertas de la Moncloa. «Se va a producir la exhumación. En 2019, por fin, después de 41 años no va a haber ningún mausoleo que homenajee en nuestro país al dictador», aseguró. El pasado junio, el presidente avanzó que la inhumación se produciría antes del mes de agosto. Hace dos meses, el día que el Consejo de Ministros aprobó el decreto ley para proceder a la exhumación, el Gobierno socialista calculó que, con los plazos de tiempo establecidos por el real decreto, la tarea se realizaría antes de «final de año». Ahora, Sánchez abre la puerta a que no se realice hasta el próximo enero debido a la maraña técnica y legislativa que aún le resta por resolver.

El presidente explicó que el consejo de Ministros aprobará este miércoles los últimos pasos del procedimiento administrativo para la inhumación del dictador. Así, el Gobierno aprobará que el Ministerio de Justicia presente al Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, al que pertenece el Valle de los Caídos, el proyecto de exhumación, y también se dirija a la Comunidad de Madrid para solicitar un informe no vinculante de sanidad mortuoria.

El Gobierno regional, que preside el popular Ángel Garrido, tendrá un mes de plazo para realizar este informe y después de esto, se abrirá otra fase para que las partes (la familia Franco o la orden benedictina que custodia el mausoleo) puedan presentar nuevas alegaciones. De agotarse ambos plazos, el siguiente paso no podría darse hasta enero.

Atasco parlamentario

Sánchez desligó estos plazos del procedimiento legislativo para reformar la ley de Memoria Histórica, que se ha prorrogado al menos una semana más en el Congreso por el acuerdo de PP y Ciudadanos. «Eso nada tiene que ver -subrayó el presidente- con las ya de por sí criticadas trabas y obstáculos parlamentarios que las derechas nos tienen acostumbrados».

El lunes que viene conservadores y liberales deberán decidir si posponen de nuevo la finalización de ese plazo de enmiendas para la ley que el Gobierno quiere reformar y que evitaría, entre otras cosas, que Franco pudiese ser enterrado en un lugar con acceso al público.

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