El Gobierno contempla acercar a los presos del 'procés' cuando Llarena acabe la instrucción

Isabel Celaá. / Efe I Atlas

Celaá abre también la puerta a trasladar a condenados de ETA a prisiones próximas al País Vasco pero matiza que se verá

Paula De las Heras
PAULA DE LAS HERASMadrid

El Gobierno está dispuesto a trasladar a cárceles catalanas a los políticos presos por su implicación en la ofensiva secesionista contra el Estado una vez el juez Pablo Llarena dé por concluida la instrucción, algo que podría producirse antes de que acabe el mes. Tampoco cierra la puerta, según dio a entender este viernes la portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, al acercamiento de los presos de ETA a prisiones del País Vasco, aunque aún no ha tomado una decisión definitiva al respecto ambos escenarios. «Obviamente, cuando las circunstancias cambian se requieren otras políticas y de eso -dijo- hablaremos en otro momento».

La ubicación de los nueve presos preventivos del 'procés' - el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras; los exconsejeros Joaquim Forn, Carles Mundó, Raül Romeva, Josep Rull, Jordi Turull y Dolors Bassa, la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y los líderes de ANC y Ómnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart- se ha convertido en una patata caliente para el Ejecutivo, que se mueve entre su deseo de crear un clima de distensión con el Gobierno de Cataluña y la presión de PP y Ciudadanos para que no se ceda un milímetro.

Los ministros de Pedro Sánchez a los que hasta ahora se había planteado la cuestión trataron de dar una patada al balón con el argumento de que, aunque la política penitenciaria depende del Gobierno, mientras se trate de presos preventivos es el juez el que decide su situación. Incluso Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska, ambos magistrados, se zafaron con esa respuesta, pero este jueves Llarena les dejó sin coartada al replicar que él no tiene competencia para decidir en qué centro penitenciario deben permanecer los reclusos mientras él continue la instrucción del caso.

«Es una cuestión de matices -elaboró Celaá-. El Gobierno, y supongo que también el juez, son conscientes de que los presos en prisión provisional están a disposición del juez instructor y deben estar cerca del juez instructor; una vez concluidas las diligencias, ciertamente, la responsabilidad pasa a Instituciones Penitenciarias. Es una cuestión de comunicación entre el Gobierno y el Poder Judicial».

Desarraigo

La legislación española no contempla de manera específica que los presos deban cumplir sus penas en lugares próximos a su domicilio, pero a menudo se ha interpretado que las apelaciones en la Ley General Penitenciaria a los principios de «reeducación y reinserción» y a la necesidad de «evitar el desarraigo social» apuntan en esa dirección. Sí son más claras tanto las Reglas Penitenciarias Europeas como las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos. Ambas abogan por favorecer el encarcelamiento a lugares próximos al hogar familiar.

La ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, ya dejó claro el pasado fin de semana en una entrevista en 'El Periódico' que ella vería «con buenos ojos» un acercamiento de los procesados por rebelión y sedición. En todo caso, desde el Ejecutivo aseguran que este asunto se resolverá el martes en la reunión que mantendrán en breve Pedro Sánchez y Quim Torra e insisten en que estarán vigilantes a cualquier actuación fuera de la legalidad.

Antes de esa cita, el presidente del Gobierno tiene previsto reunirse con el 'lehendakari' Iñigo Urkullu. Celaá tampoco relacionó esta entrevista -enmarcada en el deseo de engrasar las relaciones con todos los ejecutivos autonómicos- con la situación de los etarras en prisión. No obstante, Sánchez es sensible a las posiciones del PSE que lleva tiempo defendiendo que, desaparecida ETA, mantener la dispersión sólo sirve para alimentar la «victimización» de la banda y crear un caldo de cultivo que permite que su «relato» cale en ciertos sectores de la sociedad vasca.

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