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La vicepresidenta Carmen Calvo. Reuters

El Gobierno apela a Europa para justificar la reforma penal que favorecería a Junqueras

Calvo alega que ha quedado probado que los tipos españoles no están «a la altura» de otros ordenamientos

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Miércoles, 22 de enero 2020, 12:52

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No estaba en el programa electoral con el que el PSOE se presentó a las elecciones del pasado 10 de noviembre ni Pedro Sánchez lo había sugerido siquiera de viva voz hasta el pasado lunes, pero el Gobierno considera ahora que la reforma del Código Penal para rebajar el castigo a los reos de sedición es «necesaria» porque, según alegó hoy la vicepresidenta Carmen Calvo, a lo largo de los últimos meses, se ha podido comprobar que algunos tipos penales españoles «no están a la altura del derecho comparado en la Unión Europea».

El argumento de la número dos del Ejecutivo no dista mucho de las tesis que habitualmente maneja el independentismo para desacreditar a la justicia española ni del planteamiento realizado la semana pasada por Pablo Iglesias, cuando afirmó que «muchos tribunales europeos han quitado la razón a nuestros jueces» y que eso es «una humillación» para España; valoración rebatida por el Consejo General del Poder Judicial en un comunicado que suscribieron de manera unánime todos los miembros (progresistas y conservadores) de su comisión permanente.

La vicepresidenta se refirió en concreto a la polémica resolución del tribunal regional de Schleswing-Holstein que en 2018 denegó la extradición de Carles Puigdemont por rebelión o alternativamente sedición y accedió únicamente a entregarlo para ser juzgado por malversación. Calvo adujo en la Cadena Ser que «hay que acompasar» el ordenamiento jurídico español a sentencias como esa. «Hemos vivido una situación en Europa que nos ha mandado un mensaje de que hay que hacer algo», insistió.

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El argumentario del Gobierno sugiere que el problema, en ese caso, estuvo en que los delitos de rebelión y sedición no tienen parangón en el ordenamiento jurídico alemán. En realidad, sí contiene tipos penales semejantes, los de perturbación del orden público y alta traición, respectivamente. Pero el tribunal de Schleswig-Holstein consideró que el expresidente de la Generalitat no había incurrido en el grado de violencia inherente a ellos, según la jurisprudencia del país.

En su día, de hecho, el juez Pablo Llarena expresó su malestar porque entendía que la corte alemana se había excedido en sus competencias entrando a enjuiciar el fondo del asunto en lugar de limitarse a analizar, como a su entender, exigía el mecanismo de la euroorden, si la descripción de los delitos en uno y otro país eran homologables.

En todo caso, lo que vale para Alemania no valdría, por ejemplo, para Bélgica, donde ahora se encuentra Puigdemont. En Europa no hay dos Códigos Penales iguales y Calvo no aclaró cuál considera el Ejecutivo que habría que tener como referente para, supuestamente, evitar en el futuro situaciones similares.

Negociación con ERC

Lo que es evidente, en cambio, es que una modificación a la baja de las penas por sedición beneficiaría directamente al líder de Esquerra, Oriol Junqueras, y a los otros condenados por sedición en el juicio del procés, porque en derecho penal funciona la retroactividad de la norma más favorable al reo. Pero la vicepresidenta se afanó en negar el menor vínculo entre los planes del Gobierno y sus consecuencias directas. «Eso –llegó a decir–será asunto de la Justicia. El Gobierno puede hacer una reforma pero no es quien la aplica».

En su empeño por desmentir que la novedosa idea tenga que ver con la negociación abierta con Esquerra Republicana de Catalunya para la investidura, la dirigente socialista aseguró también que el asunto no formará parte «en absoluto» ni de la mesa de diálogo que el PSOE aceptó crear entre el Gobierno y la Generalitat ni de la reunión que, en principio, mantendrán a principios de febrero el jefe del Ejecutivo y Quim Torra. La portavoz del Gobierno catalán, Meritxell Budó, afirmó el martes, no obstante, lo contrario.

Calvo, apuntó que el asunto se llevará directamente al Congreso de los Diputados. No está claro si como proyecto de ley del Gobierno, lo que obligaría a pedir el informe preceptivo a un CGPJ pendiente de renovación y aún con mayoría conservadora, o si, como sugirió hace dos días la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, como proposición de ley de alguna fuerza parlamentaria; del PSOE, de Unidas Podemos o de las secesionistas.

La oposición frontal de la derecha, en todo caso, está cantada. Según el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, porque «tiene una visión del derecho penal muy basada en el escarmiento, una concepción de antes del siglo XVIII».

La reforma del Código Penal necesita mayoría absoluta

Si el Gobierno decide finalmente sacar adelante la reforma del Código Penal, al tratarse de una LeyOrgánica, deberá presentar primero el anteproyecto –a través del Consejo de Ministros– en el Congreso, en el que se dará un plazo de 15 días para que los diferentes grupos puedan presentar enmiendas parciales o a la totalidad para que posteriormente se debatan en la Cámara baja. Mientras tanto, la Comisión parlamentaria de Justicia se reunirá para debatir el texto punto por punto y elaborar un informe.

Aunque Pedro Sánchez reconoció el lunes pasado que está abierto a propuestas de otros partidos, en el caso de no modificarse el texto original, se procederá a su votación en la que será necesario el apoyo favorable de la mayoría absoluta –al menos 176 diputados– para continuar su tramitación en el Senado. Tanto PSOE como Unidas Podemos suman actualmente 155 escaños, por lo que bastaría con que se unan otras fuerzas parlamentarias como los soberanistas de ERC (13 parlamentarios) y JxCat (8), que se encuentran abiertos a modificar los delitos de sedición y rebelión. Aunque también es previsible que se sumen otros grupos favorables a la investidura como Más País (2), Compromís (1) o PNV (6).

Superado ese trámite, el texto se enviará al Senado, que dispone de dos meses para tramitar el proyecto. La Cámara alta tiene entonces tres opciones: aprobarlo directamente, enmendarlo o vetarlo. En los dos últimos casos el texto sería devuelto al Congreso para someterlo de nuevo a debate y se necesitaría de una mayoría simple para superar el primer escollo y una absoluta en el caso del segundo.

Una vez aprobado definitivamente por el Congreso y el Senado, será sancionado y promulgado por el Rey y publicado en el BOE, momento en el que se convierte directamente en Ley. Todo elproceso dura, de media, dos y cinco meses, aunque podría alargarse más en el tiempo si la oposición intenta frenarlo.

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