El PSOE propone que la Constitución ponga límites a la solidaridad entre los territorios

Eduardo Madina preside la reunión del área política de la ponencia marco del congreso del PSOE./
Eduardo Madina preside la reunión del área política de la ponencia marco del congreso del PSOE.

La ponencia política para el congreso de junio defiende además «restaurar» elementos del Estatut «dañados» por la sentencia de 2010

PAULA DE LAS HERASMadrid

Siempre ha sido un asunto controvertido. Una reclamación de los socialistas catalanes que acabó incluyéndose de manera algo difusa en la Declaración de Granada, ese documento de referencia en el que el PSOE explica cuál es, a su juicio, al modelo territorial al que debe aspirar España. Ahora, en la ponencia política que llevará al congreso de junio -y que debe presentarse en una convención este sábado- el principal partido de la oposición apuntala el llamado principio de ordinalidad y aboga porque se recoja en la Constitución. En la práctica, supone poner límites al sistema de solidaridad interterritorial para garantizar que, al ser aplicado, no se altera el 'ranking' de las comunidades autónomas en recursos per cápita.

Éste era uno de los aspectos clave del Estatuto de Cataluña aprobado en 2006 y uno de esos asuntos que el Tribunal Constitucional avaló, al menos parcialmente, en la sentencia interpretativa con la que respondió al extenso recurso planteado por el PP. La formación presidida por Mariano Rajoy entendía que el principio de ordinalidad, común en culturas federalistas como la alemana, quebraba el sistema de solidaridad y que, de aplicarse, «congelaría» la dinámica de transferencia de rentas. Pero la corte no lo entendió así. Replicó que el «adecuado y justo» equilibrio económico, que según la Carta Magna, debe garantizar el Estado entre las diversas partes del territorio español «no puede redundar para las más ricas en mayor perjuicio que el inherente a toda contribución solidaria para con las menos prósperas».

A pesar de la sentencia, el entonces secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, encontró en 2013 serias dificultades para convencer a muchos de los barones del partido -especialmente a los de comunidades receptoras como Extremadura, Castilla-La Mancha y, con matices, Andalucía- de la necesidad de aceptar la ordinalidad como principio rector del modelo de financiación autonómica para intentar salvar la acusada fractura que en aquel momento separaba al PSOE del PSC y para rebajar a su vez el conflicto con Cataluña. Finalmente, la Declaración de Granada acabó incorporando una redacción que cada cual interpretó como quiso.

Básicamente, aquel texto decía que sería «aconsejable» tomar como referencia para la financiación el modelo alemán y su jurisprudencia constitucional de que la contribución interterritorial no ha de redundar en «peor condición relativa de quien contribuye respecto a quien se beneficia» .

La ponencia del PSOE -que se abrirá a las enmiendas del conjunto del partido a partir del próximo 1 de abril, la fecha en la que se convocará oficialmente el 39º Congreso Federal- va más allá del mero «consejo» y donde dice la Constitución ha de recoger los «elementos esenciales» del sistema de financiación de las autonomías, apunta también que «ha de cuidarse» que los mecanismos de solidaridad y nivelación «no alteren la posición de quien contribuye tras la compensación». También subraya, en todo caso, que ha de mantenerse el ya citado equilibrio económico «adecuado y justo» al que se refiere el artículo 138.1 de la Carta Magna.

"Respuestas políticas"

El documento marco, coordinado por el diputado vizcaíno Eduardo Madina, recoge otras muchas propuestas de reforma constitucional. Algunas encaminadas a «dialogar, negociar y construir de manera compartida una Cataluña mejor en una España también mejor (sic)» y otras más genéricas, como la ya consabida rectificación de la reforma del artículo 135 auspiciada por José Luis Rodríguez Zapatero o el reconocimiento de los derechos a la salud, a la protección por la Seguridad Social y a un sistema público de servicios sociales como «derechos fundamentales».

Sin embargo, entre tanto esa reforma es posible, los socialistas insisten en que es necesario ofrecer «respuestas políticas» a Cataluña. Abogan por cambiar la política lingüística, abordar los 45 puntos planteados por la Generalitat al margen de la independencia, negociar conflictos territoriales pendientes y, lo más jugoso, «restaurar mediante reformas legislativas, y otras medidas que nocontradigan la doctrina constitucional, todos aquellos elementos de autogobierno dañados desde la sentencia del Estatut».

En realidad, tampoco ese es nuevo. Ya lo prometió Zapatero, aunque nunca lo hizo. Podría afectar, por ejemplo, a la organización de la Justicia.