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Daniel Ortíz, durante su etapa como alcalde de Móstoles.
Dimite el diputado madrileño del PP Daniel Ortiz por el caso Púnica

Dimite el diputado madrileño del PP Daniel Ortiz por el caso Púnica

El exalcalde de Móstoles renuncia a "todos sus cargos" -incluido el de concejal-, dos días después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid haya aceptado investigarlo

efe

Viernes, 8 de julio 2016, 18:57

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El diputado del PP en la Asamblea de Madrid, Daniel Ortiz, vinculado con el caso Púnica, ha dimitido esta tarde tras reunirse con la presidenta regional, Cristina Cifuentes, según han informado a Efe fuentes del PP.

El diputado y exalcalde de Móstoles, dimite "de todos sus cargos" -incluido el de concejal-, dos días después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid haya aceptado investigarlo por su posible relación con la Púnica, tal y como pidió el juez Eloy Velasco, que investiga el caso en la Audiencia Nacional.

Ortiz utilizó, según el juez, su condición de alcalde para influir para que la multinacional Cofely se hiciera con un contrato de 73 millones de euros para la prestación de servicios energéticos y de suministros en la localidad.

Además, según expone el TSJM, ese mismo día ha sido citado a las 9:30 horas en calidad de testigo al que fuera concejal de Infraestructuras del municipio David Sánchez del Rey.

La investigación apunta a que presuntamente hubo mensajes a Sánchez del Rey, que era el edil responsable de promover el contrato de eficiencia y mantenimiento energético, para actuar en favor de Cofely, empresa investigada en la trama Púnica, y que lograra la adjudicación, algo que ocurrió en 2014.

En ese encuentro con Cifuentes, según explica la formación, Ortiz ha decidido dejar los cargos que ostentaba: diputado autonómico, edil en Móstoles, portavoz del Grupo Municipal en la localidad y presidente de la formación en la localidad.

El PP explica que la dimisión de Ortiz se produce tras haber tenido conocimiento "inmediatamente después de haber tenido conocimiento de que se ha dictado auto judicial de investigación por el Tribunal Superior de Justicia y en aplicación del código ético suscrito al inicio de la legislatura por todos los diputados del Grupo Parlamentario Popular de la Asamblea de Madrid".

Daniel Ortiz, según el PP, ha reiterado su inocencia respecto a los hechos que motivan la investigación de la que va a ser objeto y ha dicho que "por encima de todo está su lealtad al partido y a su presidenta, el cumplimiento de sus compromisos éticos, y el compromiso personal con todos mis compañeros del Partido Popular".

Además, ha expresado su "plena voluntad de colaborar con la Justicia en el esclarecimiento de los hechos que motivan esta investigación".

"Me voy con el apoyo y el respeto de mi Presidenta y de mis compañeros del Grupo Parlamentario Popular, que para mí es lo más importante".

También ha expresado su "plena voluntad de colaborar con la Justicia en el esclarecimiento de los hechos que motivan esta investigación".

"Me voy con el apoyo y el respeto de mi presidenta y de mis compañeros del Grupo Parlamentario Popular, que para mí es lo más importante", ha concluido.

La Sala Civil y Penal del TSJ de Madrid aceptó el miércoles la competencia para abordar las diligencias abiertas por el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional sobre Ortiz por supuestamente haber favorecido a la empresa Cofely en la adjudicación de un contrato en 2014 cuando era alcalde de Móstoles.

El TSJM lo hacía al entender que hay indicios de delitos de tráfico de influencias, fraude a administración pública y cohecho, entre otros, puesto que un informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil estimaba que podría hacer recibido dádivas y comisiones por la adjudicación de este contrato.

Los investigadores aludían a "intensas negociaciones sobre el pago de comisiones prometidas en el contrato" por ejecutivos de Cofely, el empresario David Marjaliza, el exdiputado Mario Utrilla y el exconcejal de Medio Ambiente de la localidad Alejandro Utrilla y representantes del exalcalde. El contrato suponía una cantidad de unos 75 millones.

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