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Francisco Correa, presunto cabecilla de la trama Gürtel.
El juez abre juicio por la financiación irregular del PP de Valencia

El juez abre juicio por la financiación irregular del PP de Valencia

Imputa delitos electorales, fiscales o falsedad documental a 20 personas por las campañas de autonómicas y municipales de 2007 y generales de 2008

Mateo Balín

Viernes, 26 de febrero 2016, 14:53

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El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha abierto juicio oral contra 20 personas por delitos electorales, falsedad en documento mercantil y delitos contra la Hacienda Pública. Los hechos que se juzgarán en esta pieza se centran en la financiación del Partido Popular de la Comunidad Valencia (PPCV) entre 2007 y 2008, en concreto por las campañas de las elecciones autonómicas y municipales de 2007 y las generales de 2008.

Entre los 20 acusados figuran los responsables de Orange Market y otras empresas del grupo Correa, como el propio Francisco Correa, Pablo Crespo o Álvaro Pérez; cinco ex altoscargos del PPCV como Ricardo Costa, Vicente Rambla, exvicepresidente de la Generalitat con Francisco Camps, Francisco Serra o Yolanda García. Y un grupo de empresarios radicados en la Comunidad Valenciana -Enrique Ortiz o Vicente Cotino- que pudieron financiar, en connivencia con Orange Market, al PPCV.

Según los indicios del juez, sufragaban pagos de servicios adeudados por el PPCV a Orange Market mediante contratos "que presuntamente no tendrían una sustantividad real a modo de contratación de servicios". Estas empresas, según explica el auto, pertenecían a grupos empresariales beneficiarios de contratos con la Administración Pública Valenciana.

Alicante-Barcelona

La investigación de todos estos años permite concluir, según el juez De la Mata, la existencia de una forma de pago de "carácter dual" por parte del Partido Popular valenciano, abonándose parte de los mismos con dinero oficial (denominado "Alicante" en algunas conversaciones y documentos ) y otra parte presuntamente en dinero "con fondos ajenos al circuito económico financiero oficial (dinero en B denominado "Barcelona). Estas cantidades engrosarían la denominada 'caja B' de Orange Market y la del grupo.

En el desarrollo de esas campañas electorales los acusados no tuvieron en cuenta la cuantía máxima admitida de gasto electoral prevista legalmente. Con el propósito de obtener mayor despliegue en el proceso electoral, tanto en las elecciones de 2007 como en las de 2008, " los acusados integrados en el PPCV, cada uno con distintas funciones, contrataron a la mercantil Orange Market servicios que abonaron de modo irregular, en parte en efectivo y en parte a través de terceros. En ambos casos, tales pagos no quedaron reflejados en facturación ni en contabilidad".

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