Rajoy da el primer paso para impugnar el 9-N de Mas sobre la independencia

Mariano Rajoy. /
Mariano Rajoy.

ERC reclama al presidente catalán que esta vez celebre la consulta aunque haya veto del Constitucional

CRISTIAN REINObarcelona

Mariano Rajoy ya ha iniciado los trámites para impugnar también la consulta alternativa al referéndum que Artur Mas pretendía convocar el 9 de noviembre. El Gobierno solcitó ayer por la tarde al Consejo de Estado el informe previo preceptivo, según anunció la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría. La número dos del Gobierno ya había adelantado el viernes cuáles eran sus intenciones y en apenas 72 horas confirmó que se actuará contra "toda la organización que está llevando a cabo la Generalitat de Cataluña" para inquirir a los ciudadanos sobre su deseo de que la comunidad autónoma sea independiente. En previsión de que se diera este paso, Esquerra Republicana ya había exigido Mas que no se arrugue y que sea "fiel a su compromiso" de celebrar la votación.

En la decisión de Rajoy han pesado, además de las razones jurídicas, las políticas. La Moncloa tenía decidido dar un perfil bajo al nuevo 9-N, o "proceso de participación ciudadana" en el argot soberanista, para no fomentar más el victimismo del presidente catalán. La ruptura de la unidad de los partidos proconsulta después el paso atrás de Mas ante la suspensión del referéndum original por parte del Constitucional llevó a pensar que el sucedáneo de votaciónno iba a tener una participación masiva. Pero la recomposición del frente, sobre todo por la rectificación de Esquerra, ha situado las fichas en la casilla de salida.

El Gobierno teme ahora que una participación elevada, como la que se presume en esta convocatoria camuflada, sea un aval para la Generalitat para presionar a Rajoy en el futuro y sacar pecho en el escenario internacional por la existencia de un apoyo, ahora ya medido en votos a favor de la independencia.

En un primer momento, el presidente del Gobierno tropezó con el problema de la ausencia de materia recurrible. No hay convocatoria oficial de la votación, no hay censo, no hay campaña institucional, no hay colegios electorales. En definitiva, no hay actos jurídicos ni ejecutivos documentados que puedan ser impugnados ante los tribunales. Pero las recientes comunicaciones a los centros escolares para que faciliten sus instalaciones y las instrucciones a los funcionarios voluntarios para la jornada del 9-N pueden, a su juicio, vulnerar la suspensión del Constitucional.

El ministro de Justicia advirtió ayer que esos hechos tienen visos de constituir "un fraude de ley" y, por ende, pueden ser recurridas. Ahora, añadió Rafael Catalá en Radio Nacional, hay que establecer si tienen "fuerza probatoria" para formar parte de un recurso con garantías.

Mantener el pulso

Las fuerzas independentistas temen que este paso vuelva a doblar el pulso a Mas. Lo lleva avisando la CUP desde hace días y lo advirtió este lunes Esquerra, que redobló su presión contra el presidente de la Generalitat. Los republicanos exigen al presidente autonómico que sea "fiel a su compromiso". No las tienen todas consigo porque cuando la CUP reclamó un compromiso por escrito de que la cita con las urnas se mantendría aun con el veto de la corte de garantías él se negó.

La portavoz de Convergència, Mercè Conesa reclamó a los dirigentes de Esquerra que no se pongan la venda antes de que se produzca la herida. «Hace unos días, el proceso de participación ciudadana se ridiculizaba y se decía que quedaba en nada, ahora parece que hay un cambio de postura del Estado», alegó.

Iniciativa per Catalunya y los socialistas liderados por Miquel Iceta, por su parte, coincidieron en advertir al Gobierno de Rajoy que comete un «error» si impugnar la nueva consulta. El PSC por estrategia política, aunque nunca respaldó el referéndum. ICV, que sí lo hizo, dio a entender aún así que acataría el veto y optaría por una movilización ciudadana como respuesta.