El aviso de la DGT a los coches con etiqueta B: esto es lo que pasará en 2023

Según el Instituto Nacional de Estadística, (INE), un total de 149 localidades españolas donde viven 24 millones de personas, un 52% de los habitantes de España, incluidas las islas Baleares y Canarias y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, deberán crear zonas de bajas emisiones.

Esto implica que a partir de 2023 los coches con etiquetas A, B y C tendrán el acceso restringido en ciertas ciudades por la aplicación de esta ley, la cual establece que esos municipios con mayor densidad de población deben habilitar Zonas de Bajas Emisiones (ZBE).

Más de 11 millones y medio de coches circulan por las ciudades españolas obligadas a tener una ZBE en 2023. Y de todas ellas, casi 4 millones de coches verán comprometida su circulación al no disponer de etiqueta, según datos de Sumauto, especialista en portales verticales de automoción que integra a Autocasión, AutoScout24, Unoauto y RentingCoches.

Esto supone que el 32% del parque móvil de estas urbes se convertirá en «inmóvil» al tener más de dos décadas o no cumplir los requisitos de la DGT para portar el distintivo medioambiental, quedando a expensas de conocer sus dueños qué pueden hacer con ellos en vista de que les han puesto «fecha de caducidad» para circular.

A partir de ahora, se abre un escenario de coches «inmovilizados» que, mientras no haya planes que incentiven el achatarramiento, se quedarán aparcados ocupando espacio en la ciudad, ya que, aunque no tengan etiquetas ambientales, sí podrán seguir obteniendo la tarjeta de residente para aparcar en zona verde. Otra opción es que sus propietarios decidan sacarlos a la venta, siendo atractivos para zonas rurales o pequeñas poblaciones; o bien abrir mercado en el extranjero para su exportación.

Además, esta normativa, que entrará en vigor el próximo año con el objetivo de cumplir la Ley de Cambio Climático, afectará a más de 25 millones de personas, es decir, al 53% de los habitantes de nuestro país, según el INE.

Canarias tiene el porcentaje más alto de coches sin etiqueta de nuestro país. Es más, las cuatro primeras posiciones son ciudades canarias: Santa Cruz de Tenerife (44,1%), Arrecife (43,7%), San Cristóbal de La Laguna (43,4%) y Arona (41,7%). A continuación, aparece Ourense (Galicia) con el 41,7% y comparten un 39,6% tanto Ponferrada como León capital.

Mientras, Alcobendas (9,9%), Boadilla del Monte (11,6%) y Rivas Vaciamadrid (18,3%), localizadas en la Comunidad de Madrid, son las ciudades menos afectadas por las restricciones de las ZBE. Fuera de la capital, se encuentran San Fernando (20,5%) o El Puerto de Santa María (23,2%), municipios de Cádiz.

Según Ignacio Gª Rojí, portavoz de Sumauto, «nos encaminamos hacia una movilidad discriminatoria 'a dos energías' en la que se restringe la circulación a una parte de la población con menos recursos y capacidades de adaptarse a los nuevos paradigmas mecánicos impuestos legalmente. Por un lado, ciudades grandes con vehículos electrificados para poder circular sin inconvenientes y, por otro, pequeñas urbes y zonas rurales con vehículos contaminantes e inseguros de más de 20 años, pero con la ventaja de no tener restringida su circulación«.

Solamente en Madrid, esta normativa atañe a cerca de 1,2 millones de vehículos que se ven afectados por la ordenanza municipal que limita la circulación a los coches que más contaminan. Lo que parece claro es que 2023 es el pistoletazo de salida para que estas poblaciones de más de 50.000 habitantes inicien un proceso de descarbonización paulatino para cumplir con las directrices marcadas por la Unión Europea en esta materia.

Las primeras ciudades en instaurar medidas anticontaminación en el ámbito automovilístico fueron Madrid y Barcelona; y lo normal es que el resto de ciudades apliquen criterios parecidos para reducir la contaminación. Por tanto, favorecerán la circulación de coches eléctricos o electrificados y penalizarán a aquellos que lleven etiqueta.

En este sentido, incluso otras 30 localidades con menos de 50.000 habitantes han solicitado las ayudas aprobadas en los Presupuestos Generales del Estado para 2023 para crear áreas acotadas. De esta forma, según la etiqueta que lleve tu coche podrá acceder, o no, a determinadas ciudades o municipios.

Los vehículos más perjudicados son los de etiqueta A. En realidad, estos son precisamente aquellos que no llevan etiqueta y hace referencia a aquellos vehículos matriculados antes del año 2001 que no podrán circular por las áreas acotadas por los ayuntamientos, aunque existen excepciones.

Los de etiqueta B (de color amarillo) corresponden a turismos y furgonetas ligeras propulsadas por gasolina y matriculadas a partir de enero del 2000, o diésel a partir de enero de 2006. Los coches con pegatina B pueden acceder a las ZBE pero no aparcar dentro de ellas. Podrán circular y aparcar por las calles perimetradas de cualquier provincia, a excepción de Madrid, donde no se podrá estacionar en la almendra central.

Por último, los vehículos que tienen la etiqueta C (de color verde) son aquellos turismos y furgonetas propulsados por gasolina y matriculados en 2006 y los diésel puestos a la venta a partir de 2014, además de los vehículos de transporte de mercancías matriculados de 2014 en adelante. Todos ellos podrán circular por cualquier Zona de Bajas Emisiones (ZBE), aunque en Madrid sí que existen algunas restricciones para vehículos de este tipo.

Además del veto a los vehículos más antiguos, la nueva ley pone en su punto de mira a los que presentan el dispositivo ambiental B y C. Estos deberán pagar un peaje urbano para circular por las ZBE que determinen los ayuntamientos. Los vehículos 0 y Eco serán los únicos que se libren de futuras restricciones, es decir, los híbridos enchufables y 100% eléctricos.