Los rectores andaluces denuncian la ola reaccionaria contra las universidades y piden la regulación de las redes sociales

El escrito de la Asociación de Universidades Públicas Andaluzas (Aupa), comienza denunciando que están asistiendo «con preocupación a los recientes ataques a la autonomía universitaria, a la libertad de cátedra y contra los gobiernos electos de nuestras instituciones, que si bien no son nuevos en la historia de nuestro país, constituyen una grave amenaza para la convivencia, la democracia y las libertades».

En un alegato al sistema constitucional, defienden que las universidades «son parte inalienable de las instituciones democráticas de las que nos dotamos mediante la Constitución de 1978 y el Estatuto de Autonomía de Andalucía, de los cuales emanan nuestra misión y función social».

En esta línea, el escrito subraya que «los campus universitarios son los pilares sobre los que se asienta la generación del conocimiento que hace avanzar nuestra sociedad, y en ellos se desarrolla la actividad y la vida universitaria en un clima académico, que promueve el desarrollo personal, profesional y cívico de la comunidad universitaria».

Así, tras los ataques de los últimos días, exponen que en «la casa del conocimiento, tienen cabida todas las ideas defendidas con rigor y respeto, y todos los debates académicos, científicos y de interés social que contribuyan al progreso de nuestra tierra». Advierten que «no es el caso de los discursos de odio, la mentira, las insidias, el negacionismo y los delitos contra el honor, que no están amparados por la libertad de expresión».

Los ataques han sido constantes y gruesos, hacia la UGR y otros dirigentes universitarios de la región, que ocupa a Aupa. «La universidad pública es un espacio de libertad, de igualdad e inclusión, de cultura, de valores cívicos y democráticos, de justicia social. Motivo por el cual la nueva ola reaccionaria ha situado en la diana de sus ataques a nuestras instituciones, como ya hicieran en el pasado», añaden.

Ante este panorama, indican las universidades públicas que «como instituciones fundamentales de nuestra democracia, las universidades públicas no podemos ni debemos permanecer impasibles mientras avanza la crispación social, y se normaliza la violencia física y verbal contra los colectivos más vulnerables de nuestra sociedad».

Para concluir, el comunicado, haciendo «un llamamiento a la ciudadanía y a los gobiernos estatal, autonómico y locales a impulsar un diálogo público basado en el respeto, la verdad y el interés general». Insiste y concluye el escrito, que «para lograrlo resulta necesario y urgente, entre otras acciones, acometer la regulación de las redes sociales que monetizan la polarización, las noticias falsas y los discursos de odio».