Fiscalía vigila 27 badenes 'criminales'

La Junta arregla bandas sonoras ilegales en carreteras para no incurrir en delito contra la seguridad vial

J. E. POVEDAJAÉN
Un coche salva un badén instalado para frenar la velocidad de la circulación en una imagen de archivo. :: IDEAL/
Un coche salva un badén instalado para frenar la velocidad de la circulación en una imagen de archivo. :: IDEAL

La Junta de Andalucía tiene en carreteras de su competencia en Jaén 27 pasos sobre elevados, badenes y dispositivos para obligar a reducir la velocidad que son criminales. No es una metáfora. Es que son ilegales (por exagerados en la mayoría de los casos), y la Fiscalía podría incluso presentar una denuncia penal contra los responsables de la administración andaluza si no los arregla, ya que objetivamente suponen un peligro para la circulación. La Junta licitó los trabajos, pero la empresa adjudicataria entró en preconcurso de acreedores y ahora hay que asignar la tarea a otra compañía, según aseguran fuentes de la Junta en Jaén.

Un informe de la Fiscalía del TSJA recuerda que la última modificación del Código Penal «permite exigir responsabilidad penal al que originare un grave riesgo para la circulación no restableciendo la seguridad de la vía, cuando haya obligación de hacerlo. El tipo penal describe una conducta pasiva que puede dar lugar a la existencia de un delito, que sería cometido bajo la fórmula de la comisión por omisión. Desde ese punto de vista y teniendo presente que mantener la seguridad en la vías públicas por las que se desarrolla la circulación de vehículos es obligación de los titulares de las vías, nada impediría exigir a aquéllos la responsabilidad penal que corresponda».

Desde 2009 la Fiscalía viene manteniendo reuniones con los responsables de la administración andaluza para que subsanen las deficiencias. Los servicios técnicos de la Junta hicieron un exhaustivo informe sobre todos los dispositivos reductores de velocidad en las carreteras titularidad de la Junta de Andalucía. El informe analiza las características técnicas de todos lo reductores y señala cuál debe ser la intervención a realizar sobre los mismos para adaptarlos a la normativa vigente. Concluyó que el 99% de ellos no cumplían la normativa, por lo que eran necesarios 4,6 millones de euros para adaptar unos 1.440 badenes: 809 trapezoidales, 615 bandas transversales de alerta y 129 de lomo de asno.

De los 1.440 badenes que la Junta debe arreglar, 720 están en Sevilla, 213 en Granada, 180 en Cádiz, 110 en Jaén, 106 en Málaga, 93 en Almería, 83 en Córdoba y 48 en Huelva, según las conclusiones de los técnicos de la Junta citadas en un informe por la Fiscalía. A raíz del citado informe se redactaron los correspondientes proyectos de construcción para adaptar los dispositivos de reducción de velocidad, proyectos que fueron licitados y adjudicados por la Agencia de Obras Públicas, con plazo de finalización en agosto de 2013.

En febrero de 2013 la Fiscalía tenía constancia de que estaban adaptados a la normativa vigente el 40% de los dispositivos de la Red Autonómica de Carreteras. El mismo informe señalaba que «las obras correspondientes a las provincias de Jaén y Huelva se encuentran paralizadas por problemas financieros de los adjudicatarios».

Baile de cifras

La delegación del Gobierno andaluz en Jaén explicó que los badenes a corregir no eran 110 sino 96. Se redactaron 87 proyectos de adecuación, de los que 60 ya están ejecutados y las ilegalidades corregidas. Quedan 27.

¿Dónde están? Según datos facilitados por la Junta, hay tres en Cazorla (A-309), dos en Cortijos Nuevos (A-6301), cinco en Benatae (A-6303), seis en Santo Tomé ((A-6204), seis en Siles (A-310), y cinco en Torreperogil (A-314).

¿Por qué no se corrigen? Tal y como detectó Fiscalía, los trabajos están paralizados. La Junta lo confirma y le añade el adjetivo «temporalmente». Había una empresa adjudicataria que entró en preconcurso de acreedores, precisan. La Agencia de Obra Pública está gestionando en estos momentos la cesión del contrato a otra empresa que pueda acometerla con todas las garantías en cuanto el trámite burocrático esté resuelto, según la delegación del Gobierno.

En principio, el plazo previsto para finalizar los trabajos era el verano pasado, aunque conscientes del retraso «motivado por la situación económica y el coste y complejidad de llevar a cabo las actuaciones , de forma homogénea y en el mismo plazo en todo el territorio andaluz» la Junta amplió los tiempos previstos hasta el 30 de octubre de 2014