Miles de viviendas de Jaén en suelo no urbanizable tendrán un status similar al legal

Con el nuevo decreto de la Junta de Andalucía, la mayoría de la casas podrán ser regularizadas y podrán inscribirse en el Registro de la Propiedad

JOSÉ M. LIÉBANA JMLIEBANA@IDEAL.ESJAÉN.
Vista del Puente de la Sierra, zona de las afueras de Jaén a la que atañe el nuevo decreto sobre regularización de viviendas. :: IDEAL/
Vista del Puente de la Sierra, zona de las afueras de Jaén a la que atañe el nuevo decreto sobre regularización de viviendas. :: IDEAL

De cada diez viviendas construidas en suelo no urbanizable, ocho serán regularizadas, una se podrá legalizar y la obra deberá ser demolida por estar en suelo protegido o inundable. Así lo anunció ayer la consejera de Obras Públicas, Josefina Cruz, después de que el Consejo de Gobierno andaluz aprobara el decreto que intenta regular la situación de estas viviendas, 5.000 en el entorno de la capital jienense y 250.000 en toda Andalucía, y poner fin a lo que denomina un «fenómeno del pasado». Todos los municipios de la provincia han visto crecer estas viviendas en suelo no urbanizable. Aparte de la capital, abundan también en Baeza, Úbeda, Cazorla, Quesada o La Iruela.

El decreto de regularización aprobado contempla mecanismos para la legalización o el reconocimiento de estas viviendas, en el marco de la LOUA (Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía) y en función de sus circunstancias físicas y jurídicas particulares.

En resumen. Las viviendas que tengan los servicios básicos (luz, agua y depuración, sobre todo) se podrán legalizar como una parte más de la ciudad. Para las que no tengan estos servicios, que son la gran mayoría, estará la figura jurídica de vivienda 'asimilada a la de fuera de ordenación', es decir, que no serán legalizadas - al menos hasta que no tengan los servicios, pagados por los propietarios - , aunque se reconocerá su existencia. Ello permitirá a sus dueños obtener la licencia de primera ocupación e inscribir el bien en el Registro de la Propiedad. En otras palabras, tener existencia jurídica y abandonar el limbo. Figura que no se podrá aplicar a la minoría restante por estar en zonas inundables o en suelos protegidos, es decir, por estar en situación de ilegalidad.

Los Puentes

De ahí que ayer saliera a la palestra el presidente de la Unidad de Gestión Vecinal Puentes de Jaén, Antero Jiménez, para rechazar el decreto por «perjudicial» para los cuatro núcleos residenciales (Puente Nuevo, Puente Tablas, Puente de la Sierra y Puente Jontoya), según declaró a Europa Press.

Tras una primera lectura lo tachó de «demasiado general». «Todo el Puente de la Sierra sería inundable sin entrar a analizar qué partes lo son realmente, que era en lo que se estaba trabajando con el nuevo deslinde y el encauzamiento», comentó. «Si antes las viviendas eran alegales, es decir, estaban fueran de regulación, ahora las convierte directamente en ilegales, con lo que viene a agravar la situación», dijo.

También señaló que el decreto es un «atentado a la autonomía municipal», ya que, en su opinión, «deben ser los ayuntamientos» los que atiendan la situación de estas construcciones e incorporarlas al PGOU. Y consideró «insultante» que «se toma a todos por infractores». «Dice que los gastos (de urbanización) correrán a cargo de los infractores. Por lo visto, lo somos todos. Puede haber algunos que lo sean, pero, por ejemplo, el Puente de la Sierra, con huertas y casas, existe antes de que los redactores de la norma hubieran nacido», añadió Jiménez, quien no obstante habló de analizar más en profundidad el decreto.

«Que lo lea bien. No creemos alarma. El decreto mejora la situación porque regula y clarifica», contestó el delegado de Obras Públicas, quien anunció la celebración de unas jornadas de trabajo para la semana que viene, a la que invitarán a todos los alcaldes y a los representantes vecinales, para que técnicos y responsables de su consejería explique el decreto aprobado ayer.

Rafael Valdivielso añadió que el mismo será una herramienta para que el Ayuntamiento pueda regularizar. De hecho, dijo, los consistorios tendrán que determinar si las viviendas tienen unas condiciones mínimas de habitabilidad y seguridad. Aunque quiso dejar claro que no se trata de una legalización indiscriminada y que «lo que sea ilegal seguirá siendo ilegal», en referencia a aquellas viviendas construidas en terreno inundable o protegido (cultural o medio ambientalmente).

La consejera

«En muchos casos la viviendas eran ilegales, pero el delito ya ha prescrito, por lo que el decreto supone un ejercicio para adaptar la realidad física a la jurídica. Se trata de acotar un fenómeno del pasado que se ha venido desarrollando durante muchos años», declaró en Sevilla la consejera de Obras Públicas.

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