Rodrigo Sánchez Haro apuesta por una posición común estatal frente a la nueva PAC

Así lo trasladó en la reunión del Consejo Consultivo de Política Agrícola mantenida en el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, donde explicó que este estrategia nacional debe dirigirse a «reclamar un presupuesto europeo suficiente» para garantizar la lucha de la agricultura contra el cambio climático, la protección de los agricultores frente a unos precios mundiales «muy volátiles» y la fijación de la población al territorio.

Sánchez Haro lamentó que los cambios anunciados desde Bruselas provocan «incertidumbre y preocupación» en el sector agrario andaluz al suponer una «reforma radical» que, entre otras modificaciones, parece conllevar implícitamente una desaparición de los derechos de pago básico al vincularlos al cumplimiento de objetivos ambientales.

Además, el consejero lamentó que el informe «no rechaza de forma expresa la cofinanciación de los pagos directos», lo que supone una renacionalización de la PAC a la que se opone el Gobierno andaluz porque «sería una ruptura del mercado único europeo».

El titular de Agricultura discrepa también con que se achaque toda la responsabilidad del problema del cambio climático a la agricultura, si bien reconoce que esta actividad «es parte de la solución» y debe fomentarse su contribución a mitigar las consecuencias. En este mismo sentido, recalcó que no comprende como un problema global como éste «se pueda dejar a la deriva de la cofinanciación» y de la capacidad presupuestaria de cada Estado miembro.

Además, Rodrigo Sánchez echó en falta medidas de regulación de mercados «que puedan constituir una efectiva red de seguridad para los casos que no pueden cubrirse con la gestión de riesgos» y puso de relieve que, aunque se profundiza en la figura de agricultor activo, no saben «cómo quedará esta condición después de dos años de su aplicación opcional con el Reglamento Ómnibus».

El único aspecto positivo que resaltó el consejero es la consideración que hace la Comisión de las pequeñas explotaciones y la agricultura familiar en esta comunicación que persigue adaptar la PAC a la nueva situación de los mercados y los retos de la Unión Europea.

Tras el Consejo Consultivo, Sánchez Haro participó también en Madrid en la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, en la que se comunicó la asignación de 3,4 millones de euros para el programa escolar que fomenta el consumo de frutas y hortalizas en Andalucía. Este montante supone el 23,6% del total repartido en el país, que asciende a 14,4 millones de euros para la puesta en marcha de estas actuaciones en centros escolares que fomentan los hábitos alimentarios saludables como método de lucha contra la obesidad infantil.

Asimismo, la Comunidad Autónoma andaluza recibe también 2,8 millones de euros para respaldar medidas de reestructuración y reconversión de viñedos que se enmarcan en el Programa de Apoyo del Sector Vitivinícola 2018.

En relación a la PAC, el presidente del Consejo Sectorial de Aceite de Oliva de Cooperativas Agro-alimentarias de España, Rafael Sánchez de Puerta, exigió ayer «aprovechando los buenos tiempos que vivimos en el sector» la activación del mecanismo de autorregulación de la oferta de aceite de oliva, propuesta trabajada y promovida por Cooperativas Agro-alimentarias, con el objetivo principal de evitar que se produzcan las fluctuaciones y picos de precios, tanto en origen como en punto de venta, debido a campañas de producción tan dispares.

Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía demanda la aplicación de los artículos 209 y 210 del Reglamento 1308/2013 de la Organización Común de Mercados (OCM), para que el sector pueda acomodar la oferta a la demanda, entre campañas, a través de las organizaciones de productores y sus asociaciones en el sector.

Así, Rafael Sánchez de Puerta exigió a la Comisión Europea, que la PAC post-2020 «recoja estos mecanismos de gestión de mercados, así como las medidas necesarias para el reequilibrio de la cadena».