Los olivareros tras las multas a tractores: «No van a amilanarnos»

«Tenemos que ver en profundidad las sanciones», indicó el secretario general de Upa Jaén, Cristóbal Cano, incidiendo en que en las movilizaciones con más de 10.000 personas y 2.500 vehículos, los que participaron en los cortes, «siempre puede haber circunstancias puntuales que a nadie guste ni deseemos».

De esta forma, señaló que las tres organizaciones se ponen a disposición de los agricultores para «estudiar en detalle» las sanciones que, según subrayaron, «son leves, pero no deseables».

Por el momento, se apunta a medio centenar de sanciones de tráfico las que ya habrían podido llegar a manos de los olivareros, aunque se esperan muchas más. En zonas como Campillo del Río han llegado ya un buen número en los últimos días.

La mayoría son multas de 200 euros, que se quedarán en 100 euros si hay pronto pago, por circular por la autovía con vehículos con los que está expresamente prohibido. No obstante, también hay sanciones por hablar por teléfono mientras conducían, por circular con vehículos particulares a una velocidad inferior a la establecida o por no llevar puestos los cinturones de seguridad en los vehículos agrícolas, entre otros motivos.

Por otro lado, los ojos de las organizaciones agrarias estarán hoy en Madrid, donde se esperan acciones de urgencia para revertir lo antes posible la crisis de precios. El Gobierno está ultimando un paquete de medidas para el campo para dar más facilidades al sector con movilizaciones casi diarias en distintas provincias por unos precios más justos de sus productos desde hace casi un mes. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, avanzó este lunes en el Congreso que este martes el Consejo de Ministros aprobará un decreto ley para reformar la ley de la cadena alimentaria y así garantizar la rentabilidad de las explotaciones agroalimentarias.

En la reforma de la ley de la cadena alimentaria está previsto que se incluyan medidas frente a la venta a pérdidas y la inclusión de los costes de producción dentro de los contratos como referencia a la hora de fijar precios de venta, así como medidas en cuanto a la publicidad con sanciones graves y muy graves. Planas explicó que este decreto ley permitirá «un refuerzo de la posición negociadora» de los productores agrícolas y ganaderos, un «mayor equilibrio en la cadena alimentaria» y una «mayor transparencia en el proceso de formación de los precios».

«Es la primera respuesta que este martes presento», informó. En su línea de conversaciones con distintos colectivos, afirmó también que se reunirá con la mesa del diálogo agrario y las tres asociaciones convocantes de las movilizaciones, Asaja, Upa y Coag.

En relación a la negociación en Bruselas de la Política Agrícola Común (PAC) para el periodo 2021-2027, unos fondos de los que dependen en torno al 30% de los ingresos de los agricultores españoles, el ministro recordó que España ha tratado de evitar en las negociaciones del nuevo presupuesto europeo el recorte de la PAC y los Fondos de Cohesión, una rebaja planteada del 13% y el 12%, respectivamente.

«Las 900.000 personas ocupadas en el sector primario son el alma de la España rural, tenemos que darle el apoyo necesario para que tengan un futuro», afirmó Planas. Por ello, consideró que las movilizaciones del campo están siendo «legítimas» y el Gobierno ha intentado darles respuesta «desde el primer día». Además, tendió la mano al resto de grupos parlamentarios para «intercambiar puntos de vista». «Este problema merece un pacto por el campo», aseguró.