La Junta asume la retirada de miles de ruedas del mayor vertedero ilegal de la provincia
Se abrió una investigación judicial con el propietario de la empresa investigado por riesgo para los vecinos de Mengíbar y para el medio ambiente
La Junta de Andalucía ha notificado al Ayuntamiento de Jabalquinto que va a comenzar la retirada de miles de neumáticos usados que se apilan desde ... hace años en un vertedero ilegal ubicado a un kilómetro y medio del casco urbano de Mengíbar pero en término municipal jabalquinteño. La administración lleva años intentando acabar con un vertedero que la Fiscalía de Jaén considera peligroso para los vecinos de Mengíbar -en caso de incendio- y para el medio ambiente (está a 200 metros del Guadalquivir), por lo que llegó a presentar denuncia en el juzgado hace ocho meses. La denuncia del Fiscal se interpuso contra la sociedad que gestiona el vertedero y también contra la persona que figura como responsable de la empresa.
El vertedero está en el punto de mira de las autoridades desde el año 2016, cuando Seseña (Toledo) vivió una situación de emergencia por el incendio de un enorme cementerio de neumáticos que no tenía licencias ni papeles en regla. En 2017 el Fiscal de Sala Coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo dio instrucciones a los fiscales de cada provincia sobre la necesidad de investigar vertederos que ocasionasen peligro. Y un informe del Seprona sacó a colación el de Jabalquinto.
El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, explicó entonces que antes incluso de esa fecha ya se venía trabajando en el caso de Mengíbar para trasladar los residuos a un lugar adecuado. De hecho, constan expedientes sancionadores contra la empresa titular en 2014 y en 2016.
En Jabalquinto explicaron que la acumulación de ruedas viejas se venía produciendo incluso desde 2004. En el Consistorio aclaran que se han tomado medidas administrativas sobre este asunto hasta donde llegan las competencias municipales.
Multas
La administración andaluza multó en 2014 al empresario y exigió a la empresa la autorización ambiental, llevar un registro documental en el que figuren cantidad, naturaleza, origen, destino, frecuencia de recogida, medio de transporte y método de valorización o eliminación de los residuos gestionados o establecer medidas de seguridad, autoprotección y plan de emergencia para prevención de riesgos. Igualmente, debía disponer de un documento específico de identificación de los residuos con indicación del origen y destino y dar cumplimiento de las condiciones técnicas a las que obliga la ley. Como en 2016 no había cumplido se le abrió un nuevo expediente. La empresa alegó que no disponía de fondos para acometer todo lo que le exigía la administración. Así que se establecieron negociaciones para diseñar un plan viable. Se estimó que había 18.000 toneladas de neumáticos y que se iban a necesitar de dos a tres años para sacarlos de allí. Ahora, sin embargo, la administración notifica al consistorio jabalquinteño que asume las labores de retirada.
Al mismo tiempo, la causa judicial generada por la denuncia del Fiscal recayó en un juzgado de Linares.
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