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El alcalde Manuel Lozano sentado en el banquillo mientras declara el otro acusado. Juan Esteban Poveda
El alcalde de Marmolejo niega que firmase la licencia por la que lo juzgan

El alcalde de Marmolejo niega que firmase la licencia por la que lo juzgan

El regidor se escuda en que todo el expediente lo llevaba Cristóbal Relaño, fallecido hace años, y en que los documentos originales se han perdido

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Viernes, 24 de noviembre 2017, 01:37

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El alcalde de Marmolejo, Manuel Lozano (PSOE) negó ayer que hubiese prevaricado en la concesión de licencia a un tanatorio de la localidad cuando era concejal de Urbanismo en 2005 y 2006. Negó la mayor: «Yo no concedí ninguna licencia. No hay ninguna licencia firmada por mi», insistió ante la magistrada del Penal 1, donde fue juzgado con penas de ocho años de inhabilitación en juego. Las licencias se otorgaron pese a que no cumplían supuestamente los requisitos marcados por la ley, con informes de la Junta de Andalucía que lo advertían claramente.

De hecho, ni el Fiscal ni la acusación particular pudieron aportar los documentos de la licencia de obras ni la licencia de apertura firmados por Lozano. Los originales han desaparecido, no están ya en el Ayuntamiento. Y nadie puede asegurar que estuvieran firmados.

El secretario accidental del Ayuntamiento en esa época insistió ayer al tribunal que no podía asegurar si las licencias tenían la rubrica de Lozano. En fase de instrucción dijo que sí iban firmadas, pero ayer insistió en que no podría asegurarlo, porque le ponían muchos documentos a la firma y él los rubricaba sin mirarlos, confiando en que todo estaba correcto. Incluso inscribió las licencias en los libros del Ayuntamiento, algo que según una secretaria municipal que le sucedió solo se puede hacer si el documento original ha sido firmado por el concejal que tiene delegadas las competencias por el alcalde, en este caso Lozano.

Sorprendente fue que el letrado de la defensa de Lozano, en sus conclusiones finales, afirmase que «a lo mejor se tendrían que abrir diligencias al secretario municipal, no a Manuel Lozano». La sugerencia es sorprendente -en términos políticos al menos- pues ese secretario, Jerónimo Cano, es actualmente el presidente del PSOE de Marmolejo, del que Lozano Garrido es secretario general. En las elecciones municipales de 2015 iba incluso en la lista que encabezaba Lozano.

La culpa, a un fallecido

El otro argumento central de la defensa del alcalde se basó en señalar que fue el ex regidor Cristóbal Relaño (fallecido hace varios años) quien llevaba personalmente el asunto del tanatorio. Que él no tomó decisión alguna, ni firmó licencias ni hizo gestiones en este tema.

Quien era aparejador municipal en esa época, A.L.F. -también acusado y para el que piden inhabilitación-, usó ese mismo argumento. «Había muchas presiones porque en el pueblo querían un tanatorio. El alcalde lo llevaba directamente, tenía interés personal y me pidió celeridad», explicó. Así explicó que al día siguiente de que la empresa promotora presentase el proyecto el hiciese el primer informe, en este caso para decir que el proyecto no se ajustaba a la ley. « Aún hizo otro informe en ese mismo sentido, aunque ya en 2006 acabó firmando que la obra realizada se ajustaba al proyecto presentado. «Yo no había visto el expediente. Certifiqué que la obra era conforme al proyecto, pero nada más», aseguró.

Fiscal y acusación particular (ejercida a título personal por Bartolomé Soriano, ex alcalde de Marmolejo con las siglas de IU) sacaron a colación que A.L.F., como arquitecto particular, había sido contratado por la empresa para hacer las obras, por lo que resultaba extraño que no conociese el expediente. El acusado se limitó a responder que no había incompatibilidad alguna y que tenía autorización.

Extrañeza

El representante de la promotora del tanatorio dijo que él todo lo trató con Relaño, que jamás habló del tema con Manuel Lozano y que al aparejador municipal solo lo vio una vez pero que no habló con él. Las acusaciones mostraron su extrañeza, ya que lo contrató para que le dirigiera la obra.

Los técnicos en Urbanismo de la Junta aseguraron por vídeo conferencia que la obra autorizada por el Ayuntamiento vulneraba la legislación y que el proyecto «no podía ver la luz de forma legal». La defensa lo contrarrestó con un perito de parte que aseguró que la obra sí cumplía los requisitos legales.

La defensa también argumentó que el tanatorio está actualmente legalizado. Los testigos admitieron sin embargo que la legalización había llegado en 2016, diez años después de los hechos que se juzgan.

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