El exalcalde de Huesa dice que el dinero se destinó "íntegramente" a jornales y a materiales

Francisco Javier Gómez Sevilla se ha sentado este martes en el banquillo de la Audiencia de Jaén acusado de delitos de falsedad de documental y prevaricación, por los que la Fiscalía le pide cinco años de cárcel y 12 de inhabilitación. Según el Ministerio Público, Sevilla hizo pagos a una empresa por trabajos que sabía que no estaban ejecutados. Junto a él se sienta también en el banquillo Juan Carlos G.P., arquitecto municipal, al que se acusa de falsedad en documentos y piden tres años de cárcel e inhabilitación.

Según recoge la Fiscalía en su escrito, en el 2008 el Ayuntamiento de Huesa aprobó la realización de la obra denominada Ensanche de la Fuente del Popi (cuyo proyecto fue realizado por el arquitecto municipal Juan Carlos G.P.) para la cual solicitó y le fueron concedidas dos subvenciones finalistas. Una subvención era de Diputación y ascendía a 13.206 euros para la adquisición de materiales, mientras que la otra subvención era por importe de 34.414 euros y la concedió el Servicio Público de Empleo Estatal.

Sostiene el fiscal que el entonces alcalde de Huesa, Francisco Javier Gómez Sevilla, en connivencia con el arquitecto municipal "pese a que conocían que las obras para las que las subvenciones fueron concedidas, no se habían ejecutado excepto una mínima parte referente a un destierro y la demolición de un muro, emitió el primero de ellos órdenes de pago para la adquisición de materiales y pago de nóminas supuestamente por trabajos y adquisiciones derivadas de dichas obras, con cargo a dichas subvenciones".

Por su parte, el arquitecto municipal emitió certificado final de obra "con la única finalidad de que por el Ayuntamiento se pudiera justificar ante los organismos que habían concedido las subvenciones, la terminación de las obras y por tanto evitar que se les reclamara la devolución de las mismas por no haber sido ejecutadas".

Dado que las obras no se habían ejecutado, por el Ayuntamiento de Huesa, se elaboró y aprobó un segundo proyecto que consistía en una copia casi idéntica del anterior incluyendo dentro del mismo, la demolición y destierro ya realizados cuyos importes se incluyeron dentro del presupuesto a pesar de estar ya ejecutados, recayendo las actuaciones sobre el mismo lugar, solicitándose y siéndole concedida y transferida para la ejecución de dichas obras, una nueva subvención por importe de 42.700 euros.

Nuevamente el alcalde y el arquitecto, siempre según el relato de los hechos que hace el fiscal, emitieron las correspondientes órdenes de pago y certificaciones de inicio, parciales y final de obra, que, esta vez, sí fueron ejecutadas.

Gómez Sevilla ha dicho que la certificación de la obra "no significa que esté ejecutada sino que el dinero se ha destinado a obras municipales" y por tanto ha servido para cumplir con el fin de las subvenciones que no eran otros que hacer obras municipales para generar jornales.

El arquitecto municipal también se ha pronunciado en el mismo sentido, afirmando que emitió las certificaciones de fin de obra porque "se había agotado todo el presupuesto" y porque no había manera en el modelo de certificación de incluir el nivel de ejecución de la obra.

Además de las penas de prisión, el fiscal solicita para el exalcalde el pago de una multa de 7.200 euros y de 3.600 euros para el arquitecto municipal. La acusación particular ejercida por un miembro del PP eleva la petición de pena para el exalcalde a 12 años de prisión.

El juicio, cuyo inicio se ha visto retrasado más de una hora y media por "un olvido involuntario del fiscal", se retomará este miércoles con las declaraciones de los peritos.