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Trabajadores de la orujera defienden sus puestos frente a la expropiación anunciada por el alcalde

Los afectado señalan que el alcalde "dice que expropiará la orujera" al ver que "no ha conseguido" cerrar la empresa "ni por lo legal ni por lo judicial", y con esa decisión manda a los empleados "directamente al paro"

EUROPA PRESS

Viernes, 28 de noviembre 2014, 17:18

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Trabajadores de Oleícola Jaén han criticado la decisión del Ayuntamiento de Baeza de iniciar un expediente de expropiación de dicha empresa orujera, anunciada el pasado día 17 por el alcalde de dicha localidad jiennense, Leocadio Marín (PSOE).

En una nota, los trabajadores señalan que el alcalde "dice que expropiará la orujera" al ver que "no ha conseguido" cerrar la empresa "ni por lo legal ni por lo judicial", y con esa decisión manda a los empleados "directamente al paro".

Ante ello, han convocado una manifestación por la tarde de este mismo viernes por las calles de Baeza "por el derecho al trabajo y la libertad de empresa", para que no se les "pise nunca más" dicho derecho y la compañía "tenga libertad de ejercer sus actividades que sean totalmente legales", así como para decirle al alcalde "basta ya".

En su comunicado, estos empleados se quejan de llevar "muchos años" con sus empleos colgando "de un hilo" como consecuencia de "la promesa electoral que hizo el alcalde en el año 2009, llegando afirmar que tenía contratado un equipo de abogados para cerrar la orujera de manera definitiva".

"Han pasado los años y hemos sido testigos de las numerosas embestidas a nuestros puestos de trabajo, empresa y empresario", afirman los trabajadores, que dicen haber "mediado" en la medida de sus posibilidades "con el Ayuntamiento", y conocen "de primera mano que soluciones se le han presentado muchas al alcalde", pero "siempre" se han encontrado "con un muro de hormigón que no nos quería escuchar y nada querían arreglar".

En esa línea, critican la actuación emprendida el pasado día 13, cuando el Ayuntamiento decidió ejecutar una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de julio que vino a avalar seis de los siete precintos ordenados entre diciembre de 2010 y enero de 2011 por el alcalde en otras tantas instalaciones de la orujera, argumentando para ello que éstas no contaban con los permisos y licencias municipales preceptivas.

Según los trabajadores, para ello entraron a la factoría ese día a las 10,30 horas "seis coches de la Guardia Civil y tres de la Policía Local", y "sin entregar documentación ni identificarse, se dispusieron a los que ellos consideraban instalaciones que tenían que precintar", haciendo eso "por la fuerza" sobre "maquinaria 100 por cien legal". Los empleados afirman que fueron "tratados como auténticos delincuentes". "Eso no nos lo merecemos 'currantes' que sólo queremos trabajar para pagar el día a día de nuestras familias y lo que debemos", concluyen.

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