La caída del ministro Gallardón salva los nueve partidos judiciales y a los 87 jueces de paz

Fue la retirada del proyecto ley del aborto lo que motivó la caída del ministro Gallardón. Un cambio que sin embargo tendrá repercusiones en muchos más campos. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, se comprometió pocos días después de tomar posesión del cargo a mantener la actual organización de partidos judiciales en la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que presentará al Gobierno en las próximas semanas. La ley, dijo el ministro, planteará «modelos de organización más flexibles», pero sin afectar a los sistemas tradicionales y manteniendo la planta judicial y los juzgados de paz, que Gallardón pretendía eliminar.

«Somos conscientes de las inquietudes y problemas que existen en torno a la organización y la estructura en el territorio del sistema judicial y, por eso, nuestro compromiso va a ser mantener el modelo actual», ha asegurado.

La reforma en los términos planteados por el anterior titular de Justicia suponía dividir la provincia tres partidos judiciales con sedes en Jaén, Linares y Úbeda, en vez de los nueve partidos actuales. En esas condiciones, Andújar, Baeza, Villacarrillo, Cazorla, Alcalá o Martos dejarían de ser cabezas de partido judicial. Afectaría a más de 386.000 jienenses de 94 municipios que se alejarían de los juzgados respecto a la situación actual, con peligro para 14 juzgados - que resuelven casi 35.000 asuntos anuales- pertenecientes a las demarcaciones que podrían eliminarse. La reforma preveía unificar en el partido de Jaén las localidades que ahora dependen judicialmente de la capital, Martos y Alcalá. En el de Úbeda, los de Baeza, Cazorla y Villacarrillo. Y que Linares sea también cabeza de partido para Andújar.

Ante la respuesta contraria de los alcaldes y autoridades locales (muchos de ellos del PP), el Ministerio anunció que los pueblos que han tenido sedes judiciales pero que dejasen de ser cabezas de partido seguirían teniendo juzgados.

El director general de Relaciones con la Administración de Justicia, Ricardo Gonzalo Conde Díez, llegó a garantizar hace meses que la nueva Ley de Demarcación y Planta Judicial «no cambiará ni un solo edificio judicial» y aseguró que, con su puesta en marcha, «en absoluto se producirá cambio alguno» en este sentido. «Van a seguir funcionando», insistió. Sin embargo, el temor de que a la larga el cambio supusiese que muchas ciudades dejasen de tener juzgados siguió existiendo. Con los planes el nuevo ministro las dudas se disipan. Los nueve partidos judiciales actuales de Jaén están salvados. De momento.

Tribunal de instancia

Sí siguen adelante otros asuntos de la reforma que afectan al funcionamiento de la Justicia más aún que los partidos judiciales. El fundamental es la creación de los Tribunales Provinciales de Instancia (TPI) en la nueva organización de la planta judicial del país. «Son adecuados e idóneos, ya que permiten una mayor racionalización y economía de los medios materiales y personales, y contribuye a la seguridad jurídica y especialización», según defendieron los vocales del Consejo General del Poder Judicial.

Hasta el consejero de la Junta Emilio de Llera, crítico con las intenciones de Gallardón, se mostró partidario de la implantación de los tribunales de instancia provinciales para mejorar el funcionamiento de la Administración de Justicia «pero siempre que se mantengan sedes próximas a la ciudadanía para evitar un alejamiento de este servicio», dijo.

En el mundo judicial hay consenso sobre que el modelo actual está agotado y no aprovecha bien los recursos de los que dispone. El presidente del TSJA, Lorenzo del Río, lo expone cada año en la Memoria del alto tribunal andaluz, y reclama reformas muy próximas a las que planea el Gobierno: servicios centralizados para las ejecutorias y los trabajos más burocráticos, más medios informáticos ... Habrá que esperar ahora para conocer los términos finales de la reforma que plantea el nuevo ministro.

Jueces de paz

En la provincia de Jaén hay 87 juzgados de paz, 17 en municipios de más de 7.000 habitantes (en este caso cuentan con la figura de un secretario judicial que proviene de la justicia ordinaria y cobra del ministerio), y el resto, en total 70, en localidades por debajo de esa población.

En total, 87 señorías que simultanean sus ocupaciones profesionales con las de expedir certificados de nacimiento y defunción, practicar notificaciones, mediar en actos de conciliación o celebrar juicios de faltas, algunos de los cometidos que la ley les encomienda y por los que cobran entre 80 y 300 euros como máximo al mes. Servidores públicos sin cobertura de seguridad social, ni mutua, ni ministro que les ladre. Si ellos no estuvieran, habría dos consecuencias directas: una mayor saturación de los juzgados y un perjuicio para los ciudadanos, que tendrían que hacer largos trayectos para solucionar cualquier cuestión menor.