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Una de las últimas sesiones plenarias celebradas por la Corporación Municipal del Ayuntamiento. ENRIQUE
Abiertas diligencias por los 15 ediles linarenses que rechazaron la incompatibilidad de Palacios

Abiertas diligencias por los 15 ediles linarenses que rechazaron la incompatibilidad de Palacios

La Justicia investiga «la posible existencia de una infracción penal» tras la votación realizada en el pleno del 24 de marzo en torno al edil socialista

JUAN JOSÉ GARCÍA

Linares

Martes, 24 de mayo 2022, 18:58

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El Juzgado Mixto número 1 de Linares emitió un auto por el se abren diligencias y se pide al Ayuntamiento que aporte el acta del pleno municipal del pasado 24 de marzo para poder identificar a los quince concejales de la Corporación que votaron en contra de la declaración de incompatibilidad del edil socialista Javier Palacios.

El gobierno local bipartito de Ciudadanos y PP cuestionó que dicho concejal emitiese varias facturas desde su farmacia al consistorio por la compra-venta de productos, como mascarillas o gel hidroalcohólico durante la pandemia, y que previamente le había encargado el propio Ayuntamiento ante la escasez en el mercado de dichos productos.

Precisamente, la situación de este concejal, que actuó como empresario y edil a la vez, fue uno de los argumentos esgrimidos por Ciudadanos ante la justicia para lograr que se suspendiera cautelarmente la celebración del pleno extraordinario del 11 de marzo en el que se tendría que haber votado la moción de censura que presentaron, en febrero, el PSOE, IU y CILU contra el alcalde, Raúl Caro-Accino.

En el pleno del 2 de marzo, y tras el resultado de la votación en la que no salió adelante la declaración de incompatibilidad de Palacios, pese a venir avalada por un informe del secretario del Ayuntamiento, Ciudadanos y PP optaron por llevar dicha votación a la Fiscalía y argumentaron que los 15 ediles que habían rechazado esa declaración de incompatibilidad podrían haber incurrido con su voto en un presunto delito de prevaricación. Los concejales que votaron en contra fueron seis del PSOE, tres de CILU-Linares, dos de Linares Primero, dos de IU y dos representantes de Ciudadanos (Rafael Funes y Pedro Cintero), que se desmarcaron de su propio grupo; frente a ellos, siete ediles de Ciudadanos y PP votaron a favor de la incompatibilidad.

Investigación penal

La Fiscalía emitió un decreto en el que se establecía que «con el fin de determinar si se ha incurrido o no en un delito de prevaricación, así como sus posibles autores, procede la remisión de las presentes diligencias de investigación penal al juzgado para que se incoen las correspondientes diligencias previas».

Según Ciudadanos y PP, la incompatibilidad de Javier Palacios venía motivada por «ejercer el cargo de concejal sin renunciar previamente al ejercicio de otra profesión». Y en el auto dictado por el Juzgado Mixto número 1 de Linares, al que accedió Europa Press, se establece que los hechos remitidos desde la Fiscalía «presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal».

Al no estar «determinadas la naturaleza y circunstancias de tales hechos ni en las personas que en ellos han intervenido», es por lo que el responsable del juzgado ordena instruir diligencias previas y «practicar aquellas encaminadas a efectuar tal determinación y en su caso el procedimiento aplicable».

Es en este auto donde se oficia al Ayuntamiento de Linares para que aporte el acta de la sesión plenaria «con identificación de los concejales que votaron en contra» de dicha declaración de incompatibilidad. Mientras todo esto se dilucida, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Jaén mantiene la medida cautelar solicitada en su día por el grupo de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Linares de dejar sin efecto la diligencia municipal por la cual se convocaba el pleno para votar la moción de censura, fechado el 11 de marzo.

Cabe recordar que tras registrarse la moción de censura avalada por trece firmas del PSOE, IU y CILU-Linares, Ciudadanos acudió a la justicia esgrimiendo la necesidad de aclarar la situación de dos concejales socialistas (Daniel Campos y Javier Palacios), antes de que se produjera la votación del pleno de la moción de censura. Dicho pleno no pudo celebrarse por la aplicación de las citadas medidas cautelares, las cuales, a día de hoy, siguen vigentes.

Entre tanto, y al margen de este asunto judicial, el pleno extraordinario para abordar y tratar de aprobar los presupuestos municipales sigue en el aire, en una Corporación Municipal que, por el momento, cuenta con un sillón sin ocupar en el grupo de Linares Primero tras la salida del edil Juan Fernández por su condena.

Reacción de CILU

CILU-Linares lamentó la apertura de diligencias previas contra 15 concejales del Ayuntamiento por «ejercer su derecho al voto» relativo a la incompatibilidad del concejal socialista Javier Palacios. La formación linarenses señaló en un comunicado que «no existió ningún tipo de advertencia de ilegalidad en la votación ni en el expediente administrativo remitido al pleno, sino que es con posterioridad a la votación cuando se pone en duda la legalidad de la acto para sorpresa de los allí presentes, como se puede ver en el vídeo del pleno».

CILU-Linares considera que toda esta situación es fruto de «maniobras dilatorias para evitar que la moción de censura se lleve a cabo por diversos actores que actúan en connivencia». Además, la formación municipalista indicó en su nota que «a pesar de ser los concejales denunciados interesados a todos los efectos, nuevamente el Ayuntamiento de Linares formó un expediente sin dar audiencia a los interesados, en este caso 15 munícipes, y que lo remitió al juzgado por orden del alcalde y en connivencia con el secretario general de la Corporación, con el único objeto de que se abriera una causa penal a través de la Fiscalía y que de esa manera se mantuviera en suspenso el pleno de la moción de censura, que por otra parte ya había subsanado las deficiencias administrativas que se habían encontrado».

Así las cosas, CILU-Linares mantiene su advertencia de que «va a tomar todas las medidas legales oportunas contra empleados y autoridades públicas implicados por sus actuaciones irregulares, interesadas y arbitrarias».

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