Testigos e investigados admiten irregularidades en el ERE de Primayor en Jaén

Testigos e investigados admiten irregularidades en el ERE de Primayor en Jaén

El jefe de personal admite que se prejubiló y siguió trabajando ante la jueza Núñez Bolaños

J. E. P. Y EFEJAÉN

Un jefe de personal que se incluye en un ERE pero sigue trabajando en la empresa; un comité de empresa que es quien pide el ERE; sistemas de concesión de subvenciones que llamaron la atención de ejecutivos hasta el punto de considerar Andalucía como «un reino de taifas»; y dinero público destinado a trabajadores que los sindicatos obligaron a depositar en sus cuentas. Son algunas de las irregularidades que varios testigos e investigados relataron a la jueza Núñez Bolaños sobre los ERE en la empresa Molina (luego Primayor) de Jaén. Unos ERE que se investigan en una pieza separada de la macrocausa por uso irregular de las ayudas sociolaborales en Andalucía desde 1999 (Molina fue precisamente el primer caso) hasta 2010.

En las declaraciones señaladas ayer estaba también llamado a declarar como investigado el exsindicalista Juan Lanzas -llamado el «conseguidor» de los ERE- aunque no se presentó ni comunicó nada al juzgado. Tampoco acudió el exconsejero de Empleo Antonio Fernández, aunque en este caso su abogada explicó que su cliente se encuentra actualmente excluido de esta pieza. El exdirector general de Trabajo Javier Guerrero sí compareció pero se acogió a su derecho a no declarar.

Quien fuera jefe de Personal de Primayor, Luis Sobrino, admitió que se incluyó en un expediente de regulación de empleo (ERE) pero siguió trabajando en la empresa. Explicó que en todas las negociaciones sobre el ERE de Primayor participaban Lanzas y el abogado Carlos Leal, a quien por orden de César Breña (consejero delegado de la empresa, ya fallecido) remitió el listado de trabajadores con la antigüedad en la empresa y la edad prevista para incluirlos en un ERE.

Relató que en 2005 hubo una reunión en Sevilla con Guerrero, la empresa y el comité de Primayor donde el exdirector de Trabajo dijo que se iba a hacer un ERE financiado por la Junta de Andalucia y se firmó un protocolo para ello.

También el director de Recursos Humanos de Primayor Food, Felipe Monforte, mencionó en su declaración una primera reunión para tratar con los responsables del ente público IFA, que en su momento tenía participaciones en Hamsa para intentar salvar la empresa, un préstamo participativo, si bien en dicho encuentro estaban también Lanzas y el exsecretario de Empleo Juan Francisco Sanchez por IFA. Le insistieron en «había que hacer un ERE y que la Junta les iba a financiar«, por lo que le »llamó la atención« que fuese el comité de empresa el que solicitase un ERE. Posteriormente se reunió con Guerrero que se comprometió a otorgar ayudas de la Consejería de Empleo a Primayor, que en Andalucia funcionaba como »un reino de taifas«.

Por su parte el abogado Carlos Leal dijo a la jueza que trabajó en la tramitación del ERE de Hamsa, a donde llegó de la mano del actual director general de Innovación Javier Castro, y que el Ministerio comprometió ayudas para la mayoría de las prejubilaciones mientras que las de cinco trabajadores que quedaron se llevaron en Andalucía con ayudas comprometidas por la Junta a las que la Intervención puso reparos.

Ya para Primayor explicó que tramitó para los trabajadores las ayudas estatales a la reposición de desempleo cuando agotaron el subsidio del paro. En ambos casos aseguró que sus honorarios fueron pagados por la asociación de trabajadores afectados y no por la Junta, aunque ha reconocido que éstos le abonaban con las subvenciones públicas que recibían.

Ayer también declararon varios prejubilados en los sucesivos ERE de Hamsa y Primayor, quienes coincidieron en que los sindicatos y «un abogado de Sevilla« les obligaron a meter el dinero que les correspondió del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) en cuentas del sindicato para poder cobrar las pólizas de prejubilación tramitadas por la mediadora Vitalia.

Aunque ninguno de los investigados pudo identificar a dicho abogado como Carlos Leal, la Fiscal hizo constar que en la causa constan cartas de éste solicitando a los prejubilados la devolución del dinero cobrado del Fogasa.

Uno de los prejubilados, Ramón Portal que trabajó como conductor de camiones en Carnicas Molina, relató que firmó una documentación que les dijeron que era una póliza y al volver de una ruta «nos bajaron de los camiones y dijeron: Ya no venís más«.

El primer ERE

Ironías del destino, el mayor caso de corrupción institucional de España por número de investigados (250) arrancó hace diecinueve años durante la crisis de una fábrica de chorizos y embutidos de Jaén. Fue el 23 de febrero de 1999. En una reunión entre la Junta y los sindicatos se decidió el futuro de la principal industria de Jaén, que emplea a mil personas. La Junta de Andalucía, que la tenía intervenida, convenció a los sindicatos de que hay una salida. Con elecciones autonómicas a la vista, el Gobierno de Manuel Chaves se jugaba su prestigio. Las cosas se complicaban porque Bruselas vigilaba muy de cerca que no se concedieran ayudas contra la libre competencia. El Ejecutivo andaluz, según han considerado jueces instructores y fiscales anticorrupción, recurrió a una fórmula para burlar los controles e inyectar dinero público en Molina: oculta subvenciones para prejubilaciones como gasto corriente. El ardid se aplicó después durante una década en decenas de empresas. Se creó un «fondo de reptiles», tal y como admitió a la Policía Francisco Javier Guerrero, uno de los protagonistas de la trama. Él manejaba el dinero y firmaba las prejubilaciones. Prejubiló hasta a su suegra. «Soy un hombre jovial, no un putero ni un drogadicto», tuvo que explicar en el Parlamento andaluz ante una comisión de investigación. Guerrero será juzgado por gastarse junto a su chófer en fiestas y lujos un millón y medio de euros de ayudas a los parados. Esta treta de manejar dinero público con total opacidad desembocó años después en una causa penal con dos expresidentes de la Junta procesados (el propio Chaves y su sucesor, José Antonio Griñán) y otros 250 investigados. Está bajo sospecha la forma en que se movieron nada menos que 850 millones de euros, y quienes los movieron.

Buena parte de los protagonistas del ERE de Molina están hoy procesados: el propio Chaves, su mano derecha, Gaspar Zarrías, y el director general Francisco Javier Guerrero. Quien fuera nombrado por la Junta consejero delegado de Molina, César Braña, ya fallecido, apareció prejubilado en una empresa de Málaga que nunca pisó. El abogado que lo asesoró en la negociación, Carlos Leal, está considerado indiciariamente responsable de una red de blanqueo del dinero saqueado de las arcas públicas. Y buena parte de los sindicalistas que negociaron en nombre de los trabajadores también acabaron salpicados. Todos ellos agrupados en torno a Juan Lanzas, de UGT, al que se atribuye el papel de persona «clave» para acceder a las ayudas públicas a cambio de comisiones. Familiares y amigos de Lanzas fueron también prejubilados fraudulentamente.

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