Treintena afectados por la compra de un apartamento en un geriátrico recuperan dinero

La Cooperativa Ciudad del 2000 (Cidomi) proyectó, dentro del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Jaén, la construcción de un macro geriátrico en el paraje denominado 'Arroyo de la Magdalena', según se recoge en la sentencia.

Todos los cooperativistas que se adherían compraban una vivienda acondicionada con toda la atención global a las necesidades requeridas por una persona de la tercera edad, tales como vivienda, manutención, servicios médicos, religiosos, culturales, recreativos, etc.

Según fue avanzando el proyecto, un banco decidió ayudarles a promocionarlo y fijó el proyecto en la construcción de 200 apartamentos de 1 y 2 dormitorios, y la cooperativa compró el terreno, pero el mismo nunca llegó a obtener todos los trámites urbanísticos y permisos necesarios para que pudiera construirse la promoción.

Después de varios proyectos con arquitectos y de multitud de gestiones por parte del Consejo Rector la situación a día de hoy es que ni en el terreno se puede construir ni la cooperativa cuenta con recursos para devolver a los cooperativistas sus aportaciones, cuando las viviendas deberían haberse entregado a finales del 2008 y los afectados aportaron una media de 14.000 euros.

Los compradores han querido sus casas hasta el final, pese a los años que llevan esperando les hacía mucha ilusión estar en una residencia todos los vecinos juntos, según apuntan en un comunicado desde el despacho El Defensor de tu vivienda.

Los afectados tenían alrededor de 65 años cuando adquirieron las viviendas y ahora, después de casi 10 años, muchos alcanzan los 75-80 años edad y no han podido ver cumplido su sueño de vivir en una casa en la que sabían iban a estar bien cuidados y asistidos, y desgraciadamente, tampoco han podido recuperar, hasta el día de hoy, el dinero depositado para esas viviendas.

Hasta el momento se han presentado un total de 176 demandas, por lo que se trata de las primeras treinta sentencias que condenan a las entidades financieras a devolver no sólo las cantidades entregadas a la cooperativa, sino también todos los intereses legales devengados desde cada pago realizado.

De esta manera, la indemnización a la que debe de hacer frente una entidad asciende a un total de 115.133,34 euros, mientras que otra deberá desembolsar 60.126,91 euros.

Las sentencias, basadas jurídicamente en la ley 57/68, condenan a dos entidades por haber incumplido el deber de vigilancia que le imponía la ley Jaén, de forma que los juzgados han vuelto a dar la razón a los afectados por la compra de vivienda sobre plano.

Esta normativa exigía a las cooperativas y promotoras de vivienda contratar un seguro o aval bancario que garantizara la devolución de las aportaciones de los compradores en caso de que las viviendas no se entregasen en el plazo pactado con estos, y si la entidad o entidades bancarias en las que se ingresaban las cantidades no vigilaban que la cooperativa o la promotora contrataban dichas garantías, entonces la ley les declara responsables como ha ocurrido en este caso.