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Image de uno de los camiones de limpieza de FCC en Jaén. IDEAL
Rechazado el recurso del Ayuntamiento sobre el contrato de FCC

Rechazado el recurso del Ayuntamiento sobre el contrato de FCC

El TS anula definitivamente la adjudicación a esta empresa de la recogida de basura y limpieza urbana de la capital

Manuela Millán

JAÉN

Miércoles, 27 de abril 2022, 21:13

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La justicia rechaza el recurso del Ayuntamiento sobre FCC. La formación Jaén, Sentido y Común hizo público la resolución del Tribunal Supremo que ha acordado elevar a firme y no admitir a trámite el recurso de casación presentado por el Ayuntamiento de Jaén contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que declaró nula la resolución municipal de 7 de julio de 2017 sobre los pliegos de licitación del contrato de FCC por parte del equipo de Gobierno de aquel momento, capitaneado por el PP.

«Este recurso pretendía impedir a Jaén en Común, hoy Jaén, Sentido y Común, defender judicialmente los intereses generales de la ciudadanía», añaden. Fue esta formación la que impulsó la acción judicial que terminó con una sentencia del TSJA que anulaba el contrato con FCC para la limpieza viaria, jardines y recogida de residuos urbanos.

El Alto Tribunal andaluz consideró que el contrato suscrito es de servicios y no de gestión de servicios públicos, por lo que su duración debería ser de cuatro años prorrogables, en lugar de los 12 prorrogables hasta un total de 20 como se firmó en su día. Tras esta decisión, el Ayuntamiento, ya con PSOE y Cs al frente, decidió recurrir esta sentencia, ahora rechazada.

«Los equipos de Gobierno del PP, con anterioridad, y del PSOE-Ciudadanos, en la actualidad, son responsables de la adjudicación ilegal a FCC del servicio municipal y su mantenimiento durante varios años, poniendo en peligro la plantilla y los recursos municipales», manifiestan desde JSyC.

Cabe recordar que cuando se conoció la sentencia del TSJA, FCC cifró en más de 19 millones las consecuencias derivadas de la indemnización que resultaría de la anulación judicial (once millones) y la amortización de equipos técnicos y vehículos (otros ocho millones más), por lo que ahora toca evaluar las consecuencias.

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