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Primera condena por fraude en los cursos de formación que destapó EDU

Primera condena por fraude en los cursos de formación que destapó EDU

Impone a una pareja un año y nueve meses de cárcel y la obligación de devolver más de 93.000 euros justificados con gastos ficticios

J. E. POVEDA

JAÉN

Miércoles, 23 de mayo 2018, 02:14

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La sección Segunda de la Audiencia de Jaén ha condenado a un año y nueve meses de prisión a R.C.B. y a J.N.Z., gestores de una comunidad de bienes que recibió más de 93.000 euros para cursos de formación destinados a parados. Se les castiga por estafa, pues la Justicia considera probado que inflaron facturas y gastos para justificar esa subvención. Es la primera condena tras tres juicios por fraude en cursos de formación destapado con la Operación EDU en 2015. Hay aún una decena de casos vivos en los juzgados de Jaén relacionados con EDU.

El 12 de diciembre de 2005 los cónyuges R.C.B. y J.N.Z. constituyeron una comunidad de bienes para dar cursos de peluquería en Quesada. En 2010, según el relato de hechos probados, los acusados, «actuando de común acuerdo y con el fin de ser beneficiarios de una subvención, presentaron la solicitud de realización de un curso de formación de peluquería, pero sin tener intención alguna de la realización efectiva de dicho curso».

Les concedieron finalmente 93.004 euros para formar a 15 parados con un curso de 1.175 horas, de febrero a noviembre.

Varios testigos declararon que les avisaban cuando había inspección de la Junta

«Los acusados captaron efectivamente a 15 alumnos desempleados que obtuvieron el oportuno certificado o diploma de superación del citado curso, pero en modo alguno realizaron actividad formativa de clase alguna», dice la sentencia.

Supuestamente a cada uno se le entregó un completo equipo de peluquería, y tenían a su disposición ordenadores, DVD, aparato de activador de control, aparato de germicida, TV, DVD, muñecas para practicar, proyector, secadores de pie, sillón lavacabezas, sillón giratorio para tocador, sillón adaptable y sillón de secador de pie. «Sin embargo exclusivamente se les entregó una libreta, un bolígrafo y fotocopias de apuntes. No existiendo ordenadores a disposición de los alumnos ni ningún material ajeno al propio negocio de peluquería que la acusada seguía regentando en el local. No existió ningún tipo de formación teórica ni práctica. No existía un control de asistencia pues si bien es cierto que existía un parte de firmas, éstas eran rellenadas de forma aleatoria por las alumnas o por personas distintas a las realmente asistentes», según el fallo judicial.

Ficción

La sentencia establece que les fueron abonados 93.004,79 euros por facturas que «o bien iban referidas a gastos ficticios que no aparecen justificados o bien se correspondían a la gestión del negocio de peluquería» que seguían regentando: casi 35.000 euros por material entregado que no existía, obras de casi 10.000 por obras inexistentes, alquileres por ordenadores que nadie vio, miles de euros en trabajos que no se hicieron, 1.180 euros mensuales de enero a diciembre por alquiler de un local que ya era suyo para la peluquería, o 42.672 euros para docencia que la propia acusada impartía pero «que fue inexistente».

Una alumna declaró en el juicio sobre «la ausencia de formación ni material», aludiendo a «cuatro muñecas usadas, unas tijeras y poca cosa más». Reconoció que se le concedió el diploma y solo asistió 3 veces porque estaba haciendo un curso de auxiliar de enfermería, señalando además que las actas de firmas las firmó otra persona en su nombre.

Otra alumna señaló que «ella no asistía regularmente porque tenía niños pequeños y que la acusada les avisaba cuando iba a ir el inspector de la Junta». Una tercera añadió que había otra chica que «no era alumna del curso y que se hacía pasar por alumna cuando era avisada porque iba a haber inspección de la Junta».

El inspector de la Junta dijo que realizó cuatro visitas y que se entrevistaba con las alumnas manifestándole que no tenían queja. Niega que con anterioridad a su visita pudieran conocer que ésta se fuera a producir, y señala que había 15 ordenadores a disposición de las alumnas. La sentencia lo deja sin embargo en mal lugar, pues señala que todo lo que declaró en el juicio «ha quedado desvirtuadas en autos» por otras pruebas.

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