El pleno aprueba reabrir el camino de Otiñar

Con esta decisión el Ayuntamiento tendría vía libre para la demolición de la cancela que impide el paso en el camino de Otíñar, cuya titularidad es la de Diputación Provincial, y la aldea de Santa Cristina. El Ayuntamiento pretender dejar el paso expedito y cumplirá con la sentencia de los juzgados de lo Contencioso-Administrativo que da la razón al procedimiento abierto por la Administración local, a raíz de un recurso de los titulares de la finca, que confirman la titularidad municipal del Camino de Campillo de Arenas. Aún así, los titulares de la finca aún pueden apelar.

Ante la negativa de estos a atender el fallo judicial, según apuntan desde el Ayuntamiento, será la propia Administración local la que ejecute la obra de derribo e impute a la propiedad los gastos. Una decisión que se toma «tras la desestimación de las medidas cautelares solicitadas por los propietarios en el juzgado y en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y tras la desestimación de la demanda contra el trámite impulsado por el Ayuntamiento interpuesta por la vía Contencioso-Administrativa».

Para conocer este conflicto hay que remontarse al pleno de principios del año pasado, cuando la Administración local puso en marcha el proceso para devolver a su titularidad municipal esta vía, de 1.300 metros, en una decisión avalada, según apuntó la edil de Patrimonio, África Colomo, por un profuso estudio documental, cuyos primeros testimonios datan de 1874, y la propia ordenanza reguladora de caminos municipales, elaborada, precisamente, por el propio Partido Popular en 2016, durante su última etapa al frente del Ayuntamiento.

Una exposición en la que la concejal aseguró que esta acción municipal está sustentada en la normativa andaluza y otros hechos, como que el pleno municipal nombró hace 100 años un peón caminero para encargarse del mantenimiento del camino. La edil recordó que, con la puesta en marcha de la carretera hacia el pantano del Quiebrajano, este camino dejó de tener un uso intensivo por parte de los vecinos y vecinas de la ciudad, circunstancia que fue progresivamente aprovechada por los propietarios de la finca cercana para cerrar el camino. La propiedad de la finca presentó recurso de apelación, que fue desestimado por el juzgado, y acto seguido acudió al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, que desestimó tanto las medidas cautelares solicitadas como el recurso, en una sentencia que el Ayuntamiento tildó de muy clara.