Piden hasta diez años de prisión por explotación laboral a migrantes en Jaén

El escrito del Ministerio Fiscal recogido por Europa Press indica que los procesados juntos con otros que no han podido ser localizados, se pusieron de acuerdo para constituir una organización ilegal con el fin de ofrecer trabajadores de nacionalidad moldava a empresarios agrícolas y lo hicieron «desconociendo sus derechos laborales, sin autorización para trabajar a pesar de ser extracomunitarios y sin darles de alta en la Seguridad Social».

La finalidad última era la de «aprovecharse económicamente de tales trabajos agrícolas» y para ello se quedaban «con una parte importante de lo pagado por los empleadores que contrataban a estos trabajadores». De esta forma, obtenían fraudulentamente una parte del beneficio que conllevaba el trabajo de estas personas, que tenían «unas condiciones salariales precarias» y que percibían «una remuneración bastante inferior a la estipulada por convenio colectivo del sector».

Fiscalía hace constar que las condiciones de transporte a los tajos «eran pésimas, tratando a estas personas como animales a pesar de cobrarles cinco euros por traslado; y facilitándoles unas condiciones de alojamiento indignas», llegando en algunos casos a dormir en el suelo o en un pasillo.

Ahonda más el Ministerio Público al señalar que les retenían los documentos y los salarios, les racionaban la comida, y les instaban, llegado el caso, a dar una identidad falsa a autoridades o agentes de españoles, «amenazando con no darles trabajo o alojamiento y provocando una situación similar a la esclavitud».

Entre los procesados hay tres empresarios agrícolas que permitieron que los trabajadores extranjeros «explotados» realizaran actividades laborales en fincas de olivar de su propiedad o de terceros, «siendo ellos en todo caso, quienes se lucraban del trabajo sin contrato y sin estar de alta en la seguridad social de tales trabajadores, y con salario inferior al estipulado en el convenio del campo».

La causa que ahora se juzga viene de la denominada Operación Urofort, iniciada en septiembre de 2019 en Fuerte del Rey (Jaén) y que se saldó con 16 personas detenidas en diversas provincias. Entoces el Instituto Armado detectó a 145 víctimas y barajaba que hasta 600 podrían haber pasado por esta red, que conseguía unos beneficios de «en torno a un millón de euros al mes» al mantenerlas en situación de «semiesclavitud», tal y como se indicó en su día por la Guardia Civil.

Vivían en condiciones «inhumanas» y con jornadas de trabajo «durísimas» y «sin descanso» por las que apenas cobraban de media «entre 150 y 200 euros mensuales», a pesar de que la mayoría de las empresarios españoles sí que pagaban lo legalmente establecido a la organización criminal, que actuaba como intermediaria para proporcionarle esta mano de obra.

La red utilizaba la fórmula del engaño, de forma que familias enteras visualizaran un futuro con importantes beneficios económicos en España. Todo con el único objetivo de proceder a la explotación laboral de las mismas en las campañas de recolección de diferentes cultivos agrarios, como de aceituna, fresa, uva, etcétera.

Posteriormente, las víctimas eran trasladadas en diferentes medios de transporte a distintas zonas de explotación laboral, donde eran obligadas a realizar estas actividades en condiciones de precariedad, residiendo en lugares en los que las víctimas se encontraban totalmente hacinadas y sin que le fueran respetados sus derechos fundamentales.

La operación se saldó con la detención de 16 personas, once de origen rumano, en las provincias de Jaén, Huelva, Córdoba, Badajoz y Albacete, todos ellos presuntos integrantes de la organización criminal. Entre ellas, también se incluyen cinco empresarios españoles que actuaban en connivencia con esta organización.

Por todo ello, el Ministerio Público ha calificado los hechos como constitutivos de un delito contra los derechos de los trabajadores y otro de favorecimiento de la inmigración ilegal. Por el primero de ellos, reclama penas de cinco años de cárcel a cinco de los acusados y de siete años de cárcel para el cabecilla, mientras que por el segundo pide otros tres años para el conjunto de los once acusados. A ello se le suma el pago de 2.700 euros en multas.