Edición

Borrar
Tomás, afectado por el próximo desahucio, durante un acto de la PAH. IDEAL
Piden colaboración para suspender un desahucio el día 28

Piden colaboración para suspender un desahucio el día 28

Reclaman a la Junta y a la Diputación que remita un escrito al Huzgado pidiendo la suspensión cautelar, ya que la familia, con cuatro menores, no tiene alternativa

L. CÁDIZ

JAÉN

Lunes, 24 de septiembre 2018, 02:52

Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad.

Compartir

La Plataforma Antidesahucios de Jaén ha exigido al Ayuntamiento y a la Junta de Andalucía que pidan al juzgado que suspenda de forma cautelar el desahucio de la familia de Tomás y Tamara con cuatro menores en la capital, previsto para el 28 de septiembre

«Porque se trata de una situación de extrema vulnerabilidad y porque la ONU ya remitió un escrito en una circunstancia similar al Ayuntamiento de Madrid para paralizar un lanzamiento, declarando que el Estado español podría estar vulnerando los derechos humanos en dicho caso, de Soraya y sus hijos, el Ayuntamiento de Jaén y la Junta de Andalucía deberían remitir, de igual manera que hiciera el Ayuntamiento de la capital española, un escrito al Juzgado número 1 de Primera instancia de Jaén para que se adopte la paralización cautelar del lanzamiento decretado por el Juzgado», explicaron desde la organización.

Este Juzgado ya recibió el pasado mes de mayo 250 firmas de vecinos de la capital, suplicando también la suspensión del desalojo. Firmas que a su vez fueron remitidas a la Unidad de Créditos Inmobiliarios (UCI), «cuyo único argumento para desistir en el desahucio fue indicar que es la administración la competente en actuaciones de emergencia social».

«Esta medida sería ajustada a derecho. Es una situación de extrema vulnerabilidad»

«Esta medida sería plenamente pertinente y ajustada a derecho. No podemos permitir que las administraciones se laven las manos dos veces: una cuando las familias solicitan vivienda accesible y se les informa de que no hay vivienda y otra cuando ya, abandonados por los gobiernos locales y autonómicos, deciden ocupar en precario y por necesidad una vivienda y es entonces cuando les manifiestan que no les pueden ayudar al estar fuera de la legalidad», reclamaron.

Por otro lado, «ya el Tribunal Constitucional dio el visto bueno para que los gobiernos autonómicos puedan expropiar viviendas vacías de las entidades financieras si no las ponen en alquiler», afirmó Miguel Ángel Martínez Bellón, miembro de la PAH.

«Estamos en diálogo con el Ayuntamiento y tendremos una reunión próximamente con la Delegación de Vivienda para buscar una alternativa habitacional o conseguir por parte de UCI un alquiler social. Mientras tanto las oficinas antidesahucios de la Junta y del Ayuntamiento tienen que redactar dicho escrito dirigido al Juzgado, pidiendo esa paralización cautelar. Queremos buscar el apoyo del juzgado porque desde la PAH entendemos que la legislación hipotecaria viola el convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales de Roma de 1950», afirmó Bellón.

«Estimamos que las normas jurídicas han de interpretarse con arreglo a la realidad social y a todas luces parece inmoral un desahucio sin alternativa habitacional que pone en peligro la vida de cuatro menores. Es más nos parece ilegal. Apelamos también a los principios de la Ley de Protección del Menor».

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios