Medidas para mejorar la situación financiera de siete ayuntamientos

Alivio financiero para la capital y otros seis municipios. El Gobierno de España ha aprobado, en la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos por las que se revisa las condiciones financieras de determinados ayuntamientos con el Fondo de Financiación a Entidades Locales, medidas de alivio con el fin de garantizar su sostenibilidad financiera. Estas beneficiarán a 85 municipios de toda España, mientras que el capital pendiente de los créditos que se vería beneficiado por la medida asciende a más de 4.223 millones. En la provincia de Jaén han resultado beneficiados los ayuntamientos de la capital, Campillo de Arenas, Jamilena, Marmolejo, Orcera, La Puerta de Segura y Torres de Albanchez.

El subdelegado del Gobierno, Manuel Fernández, ha valorado las medidas, de carácter voluntario, que se suma al conjunto de actuaciones que el Ejecutivo ha ido poniendo en marcha en estos años para mejorar la situación financiera de los ayuntamientos con más problemas financieros, tanto para mejorar su liquidez como para reducir los plazos en los pagos a proveedores.

Desde el año 2019 se han venido adoptando medidas de apoyo financiero a determinadas entidades locales que se encontraban en situaciones de riesgo, entre ellas la capital, con uno de los ayuntamientos más endeudados del país. Ahora, si bien en los últimos años se ha reducido el número de ayuntamientos que se encuentran en situaciones de riesgo financiero, en 2023 y en 2024 se consideró necesario articular un conjunto de medidas que se tuvieron que plasmar en compromisos asumidos por determinados ayuntamientos con una elevada carga financiera en esos años por operaciones pendientes con el Fondo de Financiación a Entidades Locales para garantizar su sostenibilidad financiera.

Este año se ha considerado necesario, tal y como se explica a través de un comunicado, reeditar la medida para seguir atendiendo a esas entidades locales y para atender a otros ayuntamientos que, pudiéndolo hacer, no solicitaron la medida y a otros que se encuentran en situación de mayor riesgo. De esta forma, se pretende posibilitar la sostenibilidad financiera de las entidades beneficiarias aplicando el mismo planteamiento de 2023 y 2024, mejorando las condiciones de los préstamos.

Dentro del marco de revisión de las condiciones financieras que serán aplicables a las operaciones de préstamo vigentes, formalizadas hasta el 31 de diciembre de 2024, se contempla una ampliación del plazo de amortización de los préstamos vigentes del Fondo de Financiación en diez años adicionales al actual de vencimiento. Este plazo será de 20 años para los municipios que tienen un tipo en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) superior al 0,8%. Estas medidas tendrán como límite el 31 de octubre de 2070.

Además, se suprimirán los períodos de carencia que estén vigentes antes de la aplicación de este acuerdo. La amortización de principal se iniciará el 31 de octubre de 2026 y, se extenderá, como máximo, hasta 31 de octubre de 2070. Se establece un sistema de amortización con cuotas crecientes, lo que permitirá a los ayuntamientos generar ahorros para afrontar futuros vencimientos, al mismo tiempo que se reduce deuda financiera.

Esa ampliación de los plazos de amortización supondrá una reducción de las cuotas anuales, es decir, cada ejercicio la cuota a pagar por los préstamos será inferior a la que venían abonando y la capacidad del ayuntamiento en cuestión será mayor.

Por otro lado, podrán sustituirse por préstamos las cancelaciones por parte de los ayuntamientos mediante retenciones en su Participación en Tributos del Estado (PTE) para compensar las deudas que mantienen con cargo al compartimento Fondo en liquidación para la Financiación de los Pagos a Proveedores de Entidades Locales o al Fondo de Ordenación, al no haber formalizado, en su momento, los préstamos correspondientes de acuerdo con los procedimientos de pagos a proveedores aprobados.

Los ayuntamientos podrán sustituir ese mecanismo de cancelación por la suscripción de un préstamo con cargo al Fondo de Ordenación. Los préstamos se formalizarían por importe equivalente al saldo vivo de la deuda que mantengan con esos compartimentos del Fondo de Financiación. Las condiciones financieras de esas operaciones serán análogas a las mencionadas anteriormente para los préstamos ya formalizados a los que se amplíe el período de amortización.

El plazo de amortización de ese nuevo préstamo también sería hasta 31 de octubre de 2060 o de 2070. En el caso de que los ayuntamientos no aprueben la formalización de los préstamos se mantendrá la aplicación de la modalidad de cancelación mediante retenciones de la Participación en Tributos del Estado. En ambos casos, se instruye al Instituto de Crédito Oficial (ICO) para la gestión financiera de la medida aprobada por este acuerdo.

Tanto para la modificación de los préstamos formalizados como para la formalización de los préstamos que sustituyan al mecanismo de cancelación de deudas mediante la aplicación de retenciones de la PTE, se requerirá acuerdo del pleno del Ayuntamiento por mayoría simple. Previamente, los ayuntamientos que no estuvieran sujetos a un plan de sostenibilidad financiera deberán presentarlo y ser aceptado por el Ministerio.

En ese sentido, los ayuntamientos que ya estén sujetos a un plan de sostenibilidad financiera (como es el caso de la capital) mantendrán esos planes aprobados en 2023 o en 2024 y vigentes, si bien éstos se adaptarán teniendo en cuenta las condiciones financieras revisadas en este nuevo acuerdo. Asimismo, la evaluación por parte del Ministerio de Hacienda del cumplimiento de esos planes de sostenibilidad financiera ya aprobados previamente se desplazará al primer semestre de 2027.

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