La marcha atrás del Supremo con las hipotecas deja al menos veinte mil perjudicados en Jaén

Manifestantes en Madrid el día en que se reunió el Supremo./EFE
Manifestantes en Madrid el día en que se reunió el Supremo. / EFE

Organizaciones de consumidores, colectivos sociales, asociaciones y políticos muestran su indignación y piden más medidas tras la sentencia

Miguel Ángel Contreras
MIGUEL ÁNGEL CONTRERASJAÉN

Aberrante, indignante, una vergüenza... Las reacciones a la decisión del pleno de la sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo (TS) de que sean los clientes quienes paguen el impuesto de actos jurídicos documentados correspondiente a la escritura pública de los préstamos hipotecarios, rectificándose a sí mismo después de en sentencia firme decir que debían pagarlo los bancos, no se hicieron esperar ayer ni ahorraron en calificativos. Ni la decisión anunciada por a mediodía por el presidente Pedro Sánchez de mediante decreto cambiar la legislación para que los bancos asuman a partir de ahora el coste del impuesto al firmar una hipoteca ha calmado las aguas. La credibilidad del Tribunal y de la Justicia ha quedado tocada. Para muchos, serán los clientes quienes finalmente pagarán el montante aumentando en otras variables; y no se contempla a priori la retroactividad que se esperaba con la sentencia.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, afirmó antes de conocerse la decisión que las autonomías (pagarían en un primer momento y luego reclamarían a los bancos) enfrentarían un impacto de en torno a 5.000 millones de euros si el TS fijaba una retroactividad de cuatro años, lo que llevaría a la Agencia Tributaria a devolver las cantidades cobradas a los clientes desde 2014. En el caso de la provincia de Jaén, en este periodo, teniendo en cuenta esta prescripción, hasta agosto de este año, se firmaron 13.273 hipotecas de viviendas, 20.716 en el total de fincas, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Más de veinte mil que no recuperarán el dinero.

El sábado a las 18:00 horas hay prevista una concentración en la puerta de los juzgados de la provincia, siguiendo una convocatoria nacional. «Lo que nosotros pensamos es que es aberrante, ha cambiado el criterio jurisdiccional en dos semanas. Genera una inseguridad jurídica muy importante. Tenemos que reivindicar nuestros derechos como consumidores y la independencia del poder judicial. Pedimos la dimisión del presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, y del de la sala III, Luis María Díez Picazo. Además, solicitamos al gobierno que garantice que sean los bancos quiénes asuman los gastos», asegura al respecto Pedro Muñoz, abogado de Facua-Jaén.

«Vergüenza» par a la PAH

«Ahora mismo estamos en manos de la banca. Las reivindicaciones es porque hay que tener sensibilidad. Hay mucha gente que la firma de las hipotecas la ha ido aplazando hasta ver la decisión. Es una línea que se marca desde Europa en defensa de los derechos de consumidores y usuarios. Desde Europa se ha sancionado a España y podría volver a pasar, cómo ocurrió con las cláusulas suelo. El problema es que desde 2013 hasta que Europa dio la razón y dijo que la retroactividad tenía que ser total pasaron tres años», añade. «Para el que vaya a firmar ahora su hipoteca todo es una gran incertidumbre».

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Jaén calificaba la Justicia española de «vergüenza», y anunciaba que la PAH «seguirá luchando por el derecho a la vivienda y en contra de todas las cláusulas abusivas. No vamos a quedarnos callados y quietos ante un ataque como este a la ciudadanía», apostillaban.

La Federación de Asociaciones de Vecinos OCO (Objetivos Comunes), que integra a 26 asociaciones y representa a más de dos tercios de la sociedad de la capital, consideró que decisión es «consecuencia de la pérdida de independencia del poder judicial y su total sumisión en este caso al poder económico representado por la banca. Esto supone una grave crisis de legitimidad democrática además de un grave error de consecuencias sociales imprevisibles». Mostraron su «más enérgica repulsa y pedimos la intervención del poder ejecutivo con medidas urgentes que restablezcan el equilibrio de poderes o pronto la justicia sufrirá el escarnio que, con sentencias injustas, se está ganando por parte de una sociedad cada vez más indignada». Así, piden «la urgente reforma del sistema judicial o incluso la rebaja o supresión de los gravámenes hipotecarios».

Sentencia sin medir

También hubo políticos que se pronunciaron al respecto con dureza, como José Luis Cano, candidato de Adelante Andalucía, que calificó de «cobarde» la decisión, habiéndose traspasado todas las líneas rojas. «Se ha dejado presionar por la banca, tomando una decisión en contra de la mayoría social. Ratifica algo que la ciudadanía ya conoce muy bien: que la justicia en este país es fuerte con los débiles, y muy débil con los fuertes. Justo lo contrario de lo que debería ser», subrayó.

El presidente del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Jaén, Diego Galiano, que también lo es a nivel nacional, lamentó que se haya tomado la decisión sin medir el impacto social, y que se haya guiado solo por el impacto económico. La entidad señala que la incertidumbre continúa, los vaivenes judiciales, las cláusulas oscuras y, en definitiva, la falta de seguridad jurídica. La pregunta para él es cuántas personas sabían realmente que habían pagado un impuesto con la constitución de su hipoteca. «Era un epígrafe más de gasto para cuantificar en la provisión de fondos que realiza el banco al cliente. Muchos españoles se han enterado estos días que pagaron un impuesto por la hipoteca en su momento, y eso no puede admitirse de ninguna forma», añade. «No queremos parches legislativos, sino una revisión global del todo el sistema de servicios inmobiliarios e hipotecarios, con seguridad y claridad».

Contenido Patrocinado

Fotos

Vídeos