La Justicia reactiva decenas de demoliciones de chalés paradas durante años por el PGOU

Derribo de un chalé en la zona de los puentes de Jaén por sentencia firme en el año 2010. /IDEAL
Derribo de un chalé en la zona de los puentes de Jaén por sentencia firme en el año 2010. / IDEAL

Fiscalía ha pedido que se ejecuten numerosas sentencias pendientes y un juzgado ya ha dado tres meses de plazo para el primero de los derribos

J. E. POVEDAJAÉN

Un juzgado de Jaén ha ordenado la demolición de un chalé ilegal sobre el que pesa una sentencia firme de derribo desde 2008. El derribo fue paralizado en 2011, mientras se concretaba la redacción el nuevo PGOU de la capital jienense. Ahora la Justicia entiende que el plan urbanístico de Jaén -aún en vigor pues la sentencia del TSJA que lo anuló aún no es firme- no da cobertura a determinadas edificaciones de las urbanizaciones de las afueras de la ciudad. Así que no queda otra que cumplir la sentencia. Sin más demoras, además, pues se da el plazo de tres meses para que se cumpla la sentencia. Es el primer caso que trasciende, aunque fuentes judiciales indican que hay «bastantes» demoliciones suspendidas y condicionadas a una hipotética legalización en el nuevo PGOU que se han reactivado. Hay decenas de demoliciones ordenadas por sentencia firme que llevaban años en 'stand by', y que ahora resucitan.

En los puentes, pagos y vegas de los alrededores de Jaén hay más de 3.000 viviendas que se levantaron durante décadas fuera de ordenamiento. En 2006, la Fiscalía creó una sección especializada en asuntos de Medio Ambiente que se marcó como prioridad la lucha contra el ladrillo ilegal, principal amenaza para la Naturaleza en la provincia. Hasta el entonces presidente de la Junta, Chaves (eran los tiempos del boom de la construcción y de la Operación Malaya) pidió mano dura y demoliciones. En la mayoría de los casos los posibles delitos estaban ya prescritos. Pero tanto Policía Local como Guardia Civil y Policía Autonómica presentaron ante la Fiscalía y los juzgados centenares de denuncias, que desembocaron en procedimientos penales (a veces multitudinarios, con decenas de acusados, otras veces chalé a chalé) resueltas con decenas de condenas penales por delitos urbanísticos.

La Fiscalía, firme

En todos estos años la Fiscalía se ha mantenido firme con el criterio de pedir la demolición de todas las construcciones ilegales. Los juzgados han ido cambiando de criterio cada cierto tiempo, con situaciones kafkianas como que en una misma urbanización hay chalés condenados a la piqueta y otros que no.

Pero en cualquier caso las demoliciones ordenadas por los juzgados de lo Penal en término municipal de Jaén se cuentan por decenas. La Fiscalía inició embargos para poder ejecutar los derribos a costa de los condenados.

En 2010 y 2011 los penados encontraron un último asidero para evitar el derribo de sus chalés ilegales: el nuevo PGOU, que planteaba la declaración de suelo 'Asimilado a fuera de ordenación', un reconocimiento oficial que permitía legalizar muchas construcciones. Sensible a esta posibilidad (no tenía sentido derribar chalés que poco después iban a ser regularizados) la Audiencia decretó la suspensión de la demolición de estas construcciones hasta la entrada en vigor del nuevo PGOU, que debía aclarar el panorama.

El nuevo PGOU

El plan urbanístico de Jaén superó todos los trámites y entró en vigor finalmente en 2016. Hasta hoy, prácticamente, ninguno de los condenados con la medida de demolición suspendida ha acudido al juzgado a aclarar su situación, aportando documentos que confirmen que su chalé ha sido legalizado y por lo tanto se puede salvar de la excavadora.

Así las cosas, en las últimas semanas la Fiscalía de Jaén ha solicitado a los juzgados de lo Penal encargados de ejecutar las sentencias que se revoque la suspensión de la ejecución de las demoliciones. Las fuentes consultadas hablan de «numerosos» escritos remitidos a los juzgados, sin concretar la cifra exacta. Y a día de hoy hay ya un auto judicial que revoca la suspensión de la demolición y ordena el derribo en el plazo máximo de tres meses.

Contra esta resolución cabe recurso, que puede demorar aún un tiempo la solución final de una situación que afecta a muchas familias que apostaron por una segunda vivienda en las inmediaciones de la capital.