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Vista de la arteria principal del Polígono del Valle, en la capital, declarada barriada ARRU, en una imagen de archivo. F. J. C.
La Junta 'pelea' contra la ocupación ilegal de 88 viviendas para poder readjudicarlas

La Junta 'pelea' contra la ocupación ilegal de 88 viviendas para poder readjudicarlas

Fomento asegura que una mejor gestión del parque público de viviendas le ha permitido detectar ya 143 familias okupas, y recuperar 55 pisos, ya de nuevo entregados

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Lunes, 28 de mayo 2018, 01:33

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Vivienda y crisis son dos conceptos que no pueden separarse uno de otro. Los años más duros para la economía han llevado al límite a numerosas familias de esta provincia, muchas de ellas incapaces de hacer frente a una hipoteca o a un alquiler. Eso ha tenido múltiples consecuencias y una de ellas ha sido en el parque público de vivienda de la Junta de Andalucía. Concretamente por dos razones, han sido muchos los pisos ocupados por familias de manera ilegal y también han sido muchas las familias que no han sido capaces de asumir la cuota de compra o de alquiler social.

Al comienzo del actual mandato (2015), la Administración andaluza reconoció ambos problemas y anunció una nueva estrategia de gestión del parque público de viviendas para das solución a la situación antes del año 2020. Ahora hacen balance y desde la Delegación de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía explican que solo el año pasado pusieron en marcha 143 expedientes para recuperar otras tantas viviendas que habían detectado que estaban ocupadas ilegalmente. De ellas, la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (titular de las 4.956 viviendas que conforman el parque residencial en alquiler) ya ha recuperado 55 «para entregarlas a familias con necesidad que, cumpliendo los requisitos establecidos, han respetado la normativa vigente para la adjudicación de vivienda pública», explican desde la Delegación. Eso quiere decir, entre otras cuestiones, que se han apuntado en el Registro Municipal de Vivienda de su localidad.

Sobre el resto, otras 88 viviendas, siguen trabajando para recuperarlas. Eso se puede hacer de dos maneras, o de forma voluntaria, con requerimientos puramente administrativos, o recurriendo a la ejecución de un auto judicial. El año pasado solo hubo que llegar a ese límite en dos ocasiones, según la Junta. «La decisión de actuar de forma contundente cuando se identifican ocupaciones irregulares es cada vez más firme, porque está dando buenos resultados. Por tanto, la acción de la Junta contra el acceso y uso ilícito de viviendas públicas no se va a detener», aseguró el delegado territorial de Fomento y Vivienda en Jaén, José Miguel Higueras.

«Estamos hablando de familias con dificultades, en muchos casos extremas, a las que debe reservarse el uso de estas viviendas. Por eso, es necesario recuperar todas aquellas que están ocupadas de forma irregular, para ponerlas a disposición de quienes realmente las necesitan y que además, cumplen la legalidad», insistió Higueras.

Otra de las tareas de regularización consiste en solucionar los expedientes pendientes de subrogaciones o de cambios de titularidad. Enmarcados en esas circunstancias, se firmaron el año pasado 83 contratos de alquiler.

Las subrogaciones se aplican a viviendas en alquiler y viviendas en acceso diferido que no se han terminado de amortizar y que tras el fallecimiento del titular, son demandadas para sí por familiares que, para acceder a ellas, deben cumplir los requisitos que establece la normativa reguladora. Y los expedientes de cambio de titularidad se realizan sobre viviendas de compra venta con pago aplazado y acceso diferido a la propiedad. En esta última situación, los beneficiarios suelen ser los herederos de los titulares que, dado el elevado plazo establecido para amortizar el pago de estas viviendas, fallecen en muchos casos sin llegar a escriturarlas a su nombre.

Mejora de los pagos

La otra cuestión es la mejora de los pagos. Aunque las mensualidades que se deben de afrontar en una vivienda pública de alquiler no llegan a los cien euros en la inmensa mayoría de los casos, muchas familias tienen dificultades para abonarlos.

Ahora lo que se está haciendo con los inquilinos es el envío de notificaciones recordándoles las deudas pendientes y su obligación de hacer frente a las rentas, y ofreciéndoles fórmulas alternativas en caso de que no puedan hacer frente. Fórmulas como la formalización de compromisos de abono de las deudas, o el Programa de Determinación Temporal de Rentas, que minora la cuantía de las mismas a familias que acrediten su incapacidad económica para hacer frente al recibo mensual de alquiler.

En 2017 se enviaron a los inquilinos de la provincia notificaciones con las que se les reclamaron casi 200.000 euros de deudas antiguas. Como resultado de esos requerimientos, algunos saldaron parte de sus deudas, mientras que otras familias, 78 en total, optaron por firmar compromisos de abono.

Sin embargo, «cuando los inquilinos no quieren reconocer su deuda ni existe causa que la justifique, AVRA procede por vía judicial». Durante 2017 se iniciaron en la provincia de Jaén 79 procesos por ese motivo.

Todo esto, según la Junta, ha permitido reducir la morosidad y el año pasado se ingresaron 2,58 millones por rentas. Un dinero que, según el delegado de Fomento, se invierte en «obras de conservación, mantenimiento y mejora de los edificios», principalmente en las barriadas declaradas Áreas de Regeneración y Renovación Urbana (ARRU), que en el caso de Jaén son el Polígono del Valle, en la capital; Arrayanes, en Linares; el barrio de Lagunillas, en Andújar, y el centro histórico de Baeza.

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