La Junta califica la agresión a un docente como «un accidente» de su profesión

J. E. P.JAÉN

La Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía (APIA) denuncia que la Junta de Andalucía considera la agresión a un docente como un «accidente», y que recibir un puñetazo en la cara y un golpe en la cabeza con una grapadora son «especificidades y riesgos inherentes a la profesión». Según el sindicato, son los argumentos que la asesoría jurídica de la Consejería de Educación expuso en un juicio en el que se le reclamaba a la administración que indemnizase al docente agredido como responsable civil subsidiario. El caso está actualmente pendiente de sentencia, pero en la lectura de las actas de la vista oral ha indignado a los responsables de la asociación, que exigen dimisiones en la asesoría jurídica de la Junta y que la consejera dé explicaciones públicas.

El 3 de febrero de 2016 un alumno amenazó y agredió a un profesor. Fue condenado en el juzgado de Menores. Es un chaval con agresiones a docentes y alumnos previas en su historial. Se le impuso un año de libertad vigilada con tratamiento psicológico y, en materia de responsabilidad civil hacia el profesor agredido, a hacer efectiva la cantidad de 1.580,48 euros a pagar por el menor y sus representantes legales. Se han declarado insolventes y no han pagado.

APIA reclamó entonces a la Junta que se hiciera cargo como «responsable en última instancia del marco laboral donde tuvieron lugar las agresiones». El pasado 5 de octubre tuvo lugar una vista en el Juzgado Contencioso-Administrativo 11 de Sevilla. Allí la Junta argumentó que la agresión es «un accidente» para nada imputable a la administración educativa ocurrido «durante el desarrollo de las funciones habituales del reclamante» y que «el resultado dañoso se produjo a consecuencia de las propias especificidades y riesgos inherentes a la profesión del reclamante».

 

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