Judicatura

El contexto en que los jueces se ponen manos a la obra en este ejercicio es delicado.

JOSÉ ÁNGEL MARÍNJAÉN

Ayer, un día antes de la celebración de la Diada, tuvo lugar la apertura del año judicial. De manera que Torra y sus secuaces deben tomar nota hoy, en el día de Cataluña, de lo que hace unas horas se dijo en ese acto solemne celebrado en el Tribunal Supremo que -como se sabe- más que un encuentro institucional entre el Jefe del Estado y el estamento judicial, se ha convertido en un aviso a navegantes y nuevos líderes del 'procés', una advertencia a secesionistas que no quieran naufragar en la patera unilateral.

El contexto en que los jueces se ponen manos a la obra en este ejercicio es delicado: Aun reverbera el referéndum ilegal independentista del que muy pronto se cumplirá un año, y coincide en el tiempo con los trámites previos al arranque del juicio contra los golpistas encabezados por Puigdemont. De manera que los actuales miembros del 'govern' tienen sobradas razones para tentarse la ropa en la Diada y lo que vendrá después, e intentar no confundir sus aspiraciones políticas por legítimas que sean con la subversión del orden constitucional. Pues como ayer dijo el presidente de la judicatura, cuando la Constitución resulta atacada ésta no puede renunciar a defenderse, pues ello supondría hacer dejación de los principios configuradores del Estado democrático y de Derecho.

Precisamente para eso está el ordenamiento jurídico, para encauzar las pretensiones de unos y otros, incluso las más disparatadas. Al hilo de este argumento recuerdo las palabras pronunciadas por mi maestro y amigo, Cesáreo Rodríguez-Aguilera, el día 16 de septiembre de mediados de los años 70, en la Audiencia Territorial de Barcelona (hoy Tribunal Superior de Justicia de Cataluña), con motivo de la apertura de tribunales, es decir, en la apertura el año judicial 1974-1975. Decía Cesáreo que no conviene perder de vista que entre las distintas virtualidades que tiene la sentencia como concreción de la labor judicial, una faceta muy destacada la integra el dato de que la sentencia expresa cuál es la voluntad del Estado ante cualquier asunto litigioso que es sometido al criterio de los magistrados.

Ya se sabe que el camino a transitar hasta llegar a esa decisión definitiva que llamamos sentencia es diverso según cada jurisdicción y procedimiento. Pero tengamos en cuenta ahora más que nunca que siendo la sentencia un acto personal del juez que la redacta, no es en absoluto un acto personalista. No es un acto libérrimo, sino del todo condicionado por la función que el magistrado desempeña y también por la finalidad del propio acto, que -en esencia- consiste en decidir sobre las cuestiones del pleito.

Luego la sentencia es una respuesta y un mandato a cuya formulación precede una compleja operación mental en la que intervienen la inteligencia, la sensibilidad y la técnica del juzgador. Cierto que también media la voluntad del juez, pero no en sentido personalista, sino voluntad subordinada a un proceso con garantías.

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