Investigan a doscientos jienenses por conducir drogados o sin carné

Control reciente de la Guardia Civil en Jaén, en la N-323 en sentido Granada./M.Á.C.
Control reciente de la Guardia Civil en Jaén, en la N-323 en sentido Granada. / M.Á.C.

El número crece en la provincia por segundo año consecutivo y pueden llegar a acarrearles hasta penas de prisión

M. Á. C./ J. R. V.JAÉN

El número de conductores investigados o detenidos por cometer un delito contra la seguridad vial ha aumentado en la provincia de Jaén por segundo año consecutivo, cerca de un ocho por ciento en el ejercicio anterior y un once más que en 2016, hasta las 240 personas infractoras, según los últimos datos del Ministerio del Interior, referidos al año 2017 completo. La mayoría de los inculpados lo fueron por consumir alcohol o drogas (147), seguido de aquellos que se ponían al mando de un volante sin tener permiso de conducir (55). En el apartado de «otros», donde se incluyen las conducciones temerarias -pongan o no en riesgo la vida de terceros-, hay 37.

El fiel reflejo de estos datos se encuentra en el número de condenados que cumplen su pena en la prisión, bien encerrados entre rejas, bien a través de la realización de un trabajo en beneficio de la comunidad, controlados por Instituciones Penitenciarias. En la provincia más de 1.600 penados hacen trabajos de estos últimos en sustitución de condenas y la mayoría son por delitos contra la seguridad vial o leves de violencia de género.

A los multirreincidentes con delitos de conducción sin permiso -con frecuencia condenados también por ir embriagados- se les ofrece la posibilidad de obtención del permiso de conducir en el establecimiento penitenciario a través de la 'Campaña de universalización de educación vial en los centros penitenciarios', a la que pueden acceder todos los penados internos. De esta forma, la condena cumple con su función reeducadora y facilita a los presos una herramienta para evitar que sigan infringiendo la ley y que en adelante circulen de forma segura sin poner en riesgo la seguridad vial. De hecho, un porcentaje importante de los reincidentes en el delito de conducción sin permiso inician o consuman el proceso para su obtención precisamente acogiéndose a este programa, lo que les permite mejoras incluso en su situación laboral.

Las multas y penas

Si por el contrario se detecta la conexión de la reincidencia con el consumo inmoderado de alcohol o drogas, que puede llegar a esconder una adicción o dependencia, se somete a los penados en el establecimiento penitenciario al correspondiente programa de intervención rehabilitadora bajo la premisa de que si no se consigue abordar con éxito la relación infractor-alcohol-conducción será difícil recuperar al ciudadano y evitar que siga cometiendo delitos.

La pena de prisión prevista para los multirreincidentes con singular peligrosidad en los delitos más cometidos en el año 2017 -conducción embriagada y sin permiso-, tiene un mínimo de 3 meses y un máximo de 6 (artículos 379 y 384 del Código Penal) de condena, que puede incrementarse hasta los nueve. En consecuencia, la estancia en prisión es breve, procurando que no se perjudique su proceso de socialización.

La prisión es el último recurso y el fiscal solicita esta pena privativa de libertad sólo por imperativo legal o cuando los hechos revisten una gravedad o peligrosidad extraordinaria. De esta forma, la pena de prisión se reserva para los homicidios imprudentes del artículo 142 Código Penal precedidos de conducción con exceso de velocidad punible, embriagada, con drogas, temeraria o con manifiesto desprecio en los que el artículo 382 obliga a ella. El otro supuesto es el de los delincuentes multirreincidentes sobre la base de un juicio de peligrosidad inminente acerca de que los que son delito de peligro se conviertan en delitos de resultado con muertes o lesiones graves.

La mayoría de condenas que se imponen, en porcentaje superior al 95%, no implican un efectivo ingreso en prisión sino que están constituidas por penas de multas, trabajos en beneficio de la comunidad, prisión en que se suspende la ejecución a condición de someterse a un proceso de reinserción y privación del derecho a conducir.

 

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